Unidad política en Castilla y Leónpara evitar que se prohíba la caza

El consenso político se ha hecho presente en Castilla y León para evitar que la caza esté prohibida en la Comunidad. Esta limitación se ha producido tras el auto del Tribunal Superior de Justicia, que suspendió cautelarmente el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. La resolución del TSJCyL, tras la demanda presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), ha sido duramente criticada, no solo por la Junta y los cazadores, sino también por las organizaciones agrarias, Federación Regional de Municipios y Provincias o el Colegio de Ingenieros de Montes, entre otros.

Todos ellos han advertido de las graves consecuencias que la prohibición de la caza puede tener desde un punto de vista económico y medioambiental, especialmente en el mundo rural. Ante semejante clamor social, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, junto con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, elaboró ayer una proposición de ley, a la que se sumaron PSOE, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Esta iniciativa recoge la reglamentación suficiente como para que, una vez que entre en vigor, la caza vuelva a ser una actividad posible. Sólo el diputado de Izquierda Unida se ha quedado al margen, mientras que Podemos, que cuenta con diez parlamentarios, se ha mostrado dispuesto a estudiar la iniciativa, aunque ya ha manifestado su posición favorable al mantenimiento de la actividad cinegética.

La idea es que la proposición de ley incluya una por una todas las especies, así como los mecanismos de control de cada una de ellas. El hecho de que sea una ley aprobada por todos los grupos, obligaría a que los posibles recursos se presenten ante el Tribunal Constitucional, no ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ. A este órgano han recurrido las organizaciones ecologistas y animalistas, consiguiendo siempre resoluciones favorables a sus intereses y contra los criterios de la Junta de Castilla y León.

La proposición de ley será sometida a la consideración de la Cámara en el pleno del día 12 y aprobada para convertirse en ley en la sesión del 26, antes de que se disuelvan las Cortes.

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