Unauto pide un informe jurídico al ver inconstitucional el decreto valenciano de VTC

La patronal de los vehículos de transporte con conductor en España, Unauto, ha pedido este jueves a la Generalitat que someta su decreto ley en preparación para regular esta actividad de los VTC al análisis legal del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, porque cree que no es constitucional.

El presidente de Unauto VTC Valencia, Ricardo González, ha informado en rueda de prensa junto al presidente nacional, Eduardo Martín, de que consideran que el proyecto de decreto autonómico no pasará “el filtro” del Consell Jurídic porque es “inconstitucional” al vulnerar la libre competencia y el libre mercado.

Según han recordado, el Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña ha expuesto que la normativa atenta contra la libertad de empresa y ha reconocido que las indemnizaciones por el cese de operaciones de los VTC corresponde al gobierno autonómico, y lo mismo esperan que ocurra en el caso de la Comunitat Valenciana.

“No hay que dejarse engañar en la Comunidad Valenciana como sí se han dejado engañar en Cataluña”, ha manifestado Martín en una comparecencia ante los medios tras celebrar una junta de Unauto Valencia en un hotel de la ciudad.

Martín ha insistido en que antes de hacer “un movimiento inconstitucional como en Cataluña”, la Generalitat Valenciana haga un estudio jurídico.

En Barcelona, han asegurado, “ha quedado claro” que la responsabilidad es de la Generalitat y que habrá un encarecimiento del servicio “por no tener alternativas en vehículos inferiores a nueve plazas” una vez aprobada la regulación que, a su juicio, “obstaculiza” el derecho constitucional de libertad de empresa.

Sobre la cifra de 166 millones de euros de reclamación de indemnizaciones en la Comunitat que supondría una regulación restrictiva a los VTC, Martín ha dicho que la cifra corresponde a las posibles indemnizaciones a partir de 2022, cuando acabe el periodo fijado por Fomento, pero a esa cantidad hay que sumar los daños por dejar de operar hasta esa fecha y el lucro cesante.

En la Comunitat hay actualmente 373 licencias de VTC y unas mil pendientes de conceder.

Más de 500 despidos

Las “restricciones” supondrán la expulsión de los VTC, el cierre de empresas y el despido de más de 500 trabajadores de colectivos de difícil inserción laboral (parados de larga duración mayores de 50 años), según Martín, que ha acusado “al monopolio del sector del taxi” de “engañar” a los ciudadanos y a las instituciones.

El taxi ha operado tradicionalmente en dos tipos de contratación, la parada y la mano alzada, y comenzó también a funcionar mediante la precontratación a través de emisoras y los VTC “no han dicho nada”, mientras que los VTC se han adaptado a las nuevas tecnologías al pasar de la contratación por fax al uso de aplicaciones móviles.

Se ha preguntado por qué el periodo de precontratación tiene que ser de quince minutos o de una hora, algo que “solo va en interés del taxi” y se tiene que “secuestrar” el uso del GPS y no se puede aparcar en superficie, un requisito que está “anulado” desde 2012 por el Tribunal Supremo.

Se trata de un “chantaje” del sector del taxi al que han cedido las instituciones, han indicado, y han pedido que les gustaría que en otras comunidades se aplicara un modelo de convivencia como el de Madrid.

Han reiterado que está en trámite el decreto ley 13/2018 de Fomento y que el Ayuntamiento de València no tendrá competencia para regular si no se aprueba el decreto del Consell.

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