Una ley vasca para reparar a las víctimas del franquismo, retirar símbolos y encontrar a los fallecidos

El Gobierno vasco presentó ayer martes el borrador de su anteproyecto de Ley de Memoria Histórica, con la que pretende contribuir al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. La norma, que fue dada a conocer por el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, recoge también medidas para retirar símbolos franquistas y para detectar los restos de los vascos asesinados. Por el momento no se han concretado desagravios de naturaleza económica, posibilidad que queda «abierta» para posteriores modificaciones.

El dirigente nacionalista incidió ayer, tras el consejo de Gobierno, en que el documento es apenas un «borrador». De hecho el Ejecutivo vasco tendrá difícil aprobar la norma esta legislatura dada su situación de minoría en el Parlamento. Sin embargo, ya se conoce cuál será el «esqueleto» de la ley, que constará de once capítulos que abordarán temas tan dispares como el reconocimiento de las víctimas, la divulgación y la educación del conflicto y la simbología.

Este anteproyecto ni siquiera estaba previsto inicialmente en el calendario legislativo. Se remite a una iniciativa parlamentaria aprobada en febrero de 2018, cuando el Parlamento solicitó al Instituto Gogora un informe sobre la conveniencia de una Ley de Memoria Histórica.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos presentaron en el pasado su propia proposición, elaborado a partir de una ILP registrada por la plataforma contra los crímenes del franquismo. En palabras de Erkoreka, la «filosofía subyacente» del documento del Gobierno es «básicamente la misma» que la de las formaciones de izquierda.

La presentación del borrador coincidió con la decisión del Tribunal Supremo de avalar el plan del Gobierno central para exhumar los restos de Francisco Franco. Al respecto hizo alusión Josu Erkoreka, que apuntó que la postura de los jueces es «acertada y satisfactoria» y pone fin a una situación «insostenible en un Estado democrático». «Es además da una solución razonable y conciliable con la defensa del orden público», añadió.

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