Un joven con discapacidad es expulsado de una residencia por un error de la Generalitat en 2014

VALENCIA Guardar

Christian tiene 26 años y una orden judicial de internamiento desde hace cinco por la discapacidad intelectual y el trastorno de conducta que padece. Pero desde este miércoles vuelve a vivir en casa con sus padres. La residencia privada en la que estaba interno lo ha expulsado por impago.

La familia del joven de Turís (Valencia) denuncia que un «error administrativo» del Gobierno valenciano en 2014 ha desencadenado una situación «desesperante». Su tía, Mari Carmen Pérez, guarda todos los documentos y los correos electrónicos en los que la Generalitat, en manos del PP, se comprometía a pagar una parte de la factura de la residencia. La parte restante corría a cargo de los responsables del chico, personas humildes que no podía hacer frente al elevado coste de sus cuidados. Sin embargo, fue el suyo el único dinero que recibió el centro ubicado en Sagunto.

El trámite de la ayuda nunca se realizó. «La Administración ha metido la pata», cuenta la también portavoz de la familia. No existe, tal y como han confirmado fuentes del Ejecutivo valenciano a ABC, ninguna resolución firmada ni ningún documento oficial en el expediente de Christian que haga alusión a la concesión de una ayuda para tal fin. Ahora, la deuda asciende a cerca de 30.000 euros y los familiares se sienten «engañados» por las instituciones: «Nos da igual el color político».

Ya en 2015, con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en manos de Compromís, el departamento liderado por Mónica Oltra, concedió al joven una prestación por dependencia conocida como PVS, con la que los padres deciden en qué residencia ingresan a su hijo. Es el sistema que está actualmente en vigor y que cubre todos los gastos derivados del internamiento de personas con necesidades especiales, pero hasta llegar a este punto se ha ido generando un déficit que el centro privado reclama y que ya se ha cobrado la primera víctima: «Nos lo dejaron en la puerta de casa», cuenta Mari Carmen.

Solución «provisional»

El principal problema es que actualmente no quedan plazas libres en las residencias, tanto públicas como privadas, de la Comunidad Valenciana. La solución «provisional» que la Conselleria ofrece a la familia es internar a Christian en un centro de otra comunidad autónoma, una opción que no gusta a sus allegados. «Solo nos arriesgaríamos si supiésemos que eso va a incidir en su mejoría, pero esto, por desgracia es para siempre. Queremos tenerlo cerca y si se lo llevan, por ejemplo, a Pamplona, no vamos a poder verle con tanta asiduidad», lamentan.

Pese a todo, agradecen el interés que han mostrado en la dirección territorial de la Generalitat por el caso y ya han denunciado a la residencia, con la esperanza de que pronto alguien les proponga una alternativa que ponga fin a su angustia.

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