Un informe justifica el patrimonio de la familia de Miñanco por el menor coste de la vida en Galicia

Sembrando dudas sobre el rigor de los informes presentados por Hacienda, la defensa de la primera mujer del Sito Miñanco se afanó ayer en intentar justificar ante el tribunal la regularidad del patrimonio de la familia del narcotraficante cambadés, juzgada por el presunto blanqueo de diez millones de euros procedentes del tráfico de sustancias sirviéndose de operaciones inmobiliarias intermediadas por la sociedad San Saturnino. Así, informó Ep, el perito de la empresa Horwath Auditores, contratado por María Rosa Pouso Navaza, apuntó supuestos «errores de percepción» en las pruebas periciales manejadas por la Fiscalía, argumentando, entre otras cuestiones, que en los informes de Hacienda incluidos en la investigación no se tuvo en cuenta el menor coste de la vida en el territorio gallego.

Entre otras cuestiones, sostuvo este perito de parte, los gastos medios diarios de la unidad familiar habían sido calculados en base a los precios de referencia en Madrid, cuando en Galicia «es mucho menos dinero», subrayó el perito fiscal y tributario para quien el patrimonio de la familia resulta «coherente» con sus ingresos, en contra de la tesis de la Fiscalía, que aprecia evidencias suficientes para achacar a los acusados —además de José Prado Bugallo y de su primera mujer se sientan en el banquillo su excuñada, su hija Rosa María Prado Pouso y el constructor que actuaría como testaferro— operaciones irregulares con las que entre 1998 y 2007 habrían blanqueado 10 millones de euros de procedencia ilícita mediante la compra de diversas propiedades en la provincia de Pontevedra a través de la citada inmobiliaria.

El experto contratado por la defensa apuntó asimismo que tras analizar los informes realizados por la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de María Rosa Pouso Navaza y su hija Rosa María Prado Pouso no ha sido «capaz» de identificar un «desfase patrimonial» en la contabilidad de la inmobiliaria San Saturnino.

En la sesión de este lunes en la Audiencia Provincial de Pontevedra también prestó declaración el perito de la empresa Valmesa, que, como soporte técnico de Hacienda, efectuó la tasación de los bienes de los acusados. El profesional se ratificó en las irregularidades patrimoniales detectadas en sus estudios si bien dijo no recordar detalles y apuntó que los informes se apoyaron en los datos en disposición de la Agencia Tributaria, sin entrar en el interior de las propiedades.

Sesión final del juicio

Con la vista oral de este lunes la Audiencia Provincial de Pontevedra da por terminadas la práctica de todas las pruebas programadas. La sesión final de juicio ha sido señalada para el próximo viernes, 30 de noviembre, con las conclusiones e informes finales de las partes.

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