Trabas: por falta de presupuesto, se demora la recuperación de los bienes de la corrupción

El lujoso yate de Jaime, hoy en Prefectura Fuente: Archivo

El Ministerio P√ļblico no tiene fondos para pagar la tasa de justicia que se requiere para iniciar el tr√°mite; por eso no se aplica plenamente el decreto de Macri

Es parad√≥jico: para recuperar los activos y los bienes vinculados a la corrupci√≥n y al crimen organizado, el Estado debe desembolsar recursos p√ļblicos.

En cada juicio, el Estado debe afrontar el pago de la tasa de justicia correspondiente, y como el Ministerio P√ļblico -encargado de impulsar la acci√≥n de recupero- no tiene el presupuesto suficiente, el Poder Ejecutivo debi√≥ remitirle una partida de fondos extraordinaria para iniciar las primeras demandas.

En enero pasado, el presidente Mauricio Macri cre√≥, a trav√©s del decreto de necesidad y urgencia 62/2019, el R√©gimen Procesal de la Acci√≥n Civil de Extinci√≥n de Dominio. Es un procedimiento por el cual el Gobierno se propone “recuperar lo robado” por la v√≠a de la Justicia Civil. Sin embargo, en todos los juicios civiles se debe abonar la correspondiente tasa de justicia y, al no contar con el debido presupuesto, el Ministerio P√ļblico debi√≥ acudir a la ayuda del Ministerio de Justicia.

De todas formas, el problema de fondo sigue en pie y el decreto de extinción de dominio demora en aplicarse plenamente como consecuencia de la falta de presupuesto.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dio cuenta de la situaci√≥n el mes pasado ante los legisladores que integran la Comisi√≥n Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio P√ļblico Fiscal del Congreso.

La diputada Graciela Oca√Īa (Cambiemos) le hab√≠a preguntado por la demora en la conformaci√≥n de la Procuradur√≠a de Extinci√≥n de Dominio, el organismo encargado de presentar las demandas e impulsar las acciones de extinci√≥n de dominio, como establece el decreto 62/2019.

“Pedimos el refuerzo presupuestario [para la creaci√≥n de ese organismo] -respondi√≥ el procurador Casal-. No obstante eso, tuvimos una primera dificultad operativa, que es el pago de la tasa de justicia. Porque (la extinci√≥n de dominio) es un juicio civil y no tenemos presupuesto para eso. Igualmente, el decreto es aplicable aun cuando no est√© conformada la procuradur√≠a. Los que tienen la acci√≥n son los fiscales”.

Ante la posibilidad cierta de que, por falta de presupuesto, se demore la aplicaci√≥n del decreto sobre extinci√≥n de dominio, la diputada Graciela Oca√Īa present√≥ un proyecto de ley en el que propone eximir al Ministerio P√ļblico del pago de la tasa de justicia.

La iniciativa de Oca√Īa consta solo de ese art√≠culo, suficiente para solucionar el problema que el Poder Ejecutivo no supo prever al momento de dictar el decreto.

“Es imprescindible que le demos soluci√≥n a esta problem√°tica y dotemos al sistema de justicia de herramientas que realmente le otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia -fundament√≥ Graciela Oca√Īa en su proyecto-. Es indispensable que el Estado garantice que se ponga en pr√°ctica el DNU 62/2019, para la erradicaci√≥n integral del flagelo de la corrupci√≥n en nuestro pa√≠s”.

El ministro de Justicia, Germ√°n Garavano, est√° de acuerdo con que este tema se solucione por ley. As√≠ lo anticip√≥ el funcionario a LA NACION y agreg√≥ que, adem√°s del proyecto de Oca√Īa, el proyecto de reforma del C√≥digo Procesal Civil, que en pocas semanas m√°s se presentar√° al Congreso, propone que en los procesos de extinci√≥n de dominio la tasa de justicia se pague con la venta de los bienes.

“El 1¬į de julio pasado recib√≠ este proyecto de reforma, que fue elaborado por 21 especialistas que trabajaron durante m√°s de tres a√Īos en el nuevo texto. Prontamente ser√° presentado al Congreso, as√≠ que, en definitiva, los legisladores ser√°n quienes resolver√°n el tema”, sostuvo.

El interrogante es qué se hace para solucionar el problema hasta que se sancione la ley.

Sin presupuesto, el Ministerio P√ļblico debi√≥ solicitar una partida extraordinaria para atender los gastos de la primera y √ļnica demanda de extinci√≥n de dominio impulsada hasta ahora: la que involucra al clan Loza y el embargo millonario sobre sus bienes, calculados en $800 millones.

Se trata de una banda dedicada al tr√°fico de drogas a Espa√Īa y al lavado de dinero; seg√ļn el juez y los fiscales a cargo de la causa, el listado de los bienes embargados incluye 45 inmuebles, m√°s de treinta veh√≠culos de alta gama, motos, joyas y dinero en efectivo.

Millones en juego

Seg√ļn los funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Justicia, los millones que acumul√≥ de manera il√≠cita el clan Loza es apenas una peque√Īa muestra de lo que el Estado podr√≠a recuperar si, efectivamente, se aplicase el decreto de extinci√≥n de dominio.

“La informaci√≥n de la que dispone el Ministerio de Justicia refiere exclusivamente a las causas en que interviene la Oficina Anticorrupci√≥n como querellante. Hablamos de m√°s de 5000 millones de d√≥lares embargados -precis√≥ el ministro Garavano a LA NACION-. De ese monto hay que analizar cu√°nto puede ser o no recuperado. Insisto, esto es solamente el dinero embargado en las causas en que la OA tiene intervenci√≥n. El n√ļmero total es much√≠simo m√°s abultado”.

En efecto, seg√ļn las estimaciones del Ministerio de Justicia, hasta julio del a√Īo pasado el Estado podr√≠a recaudar entre 250.000 y 300.000 millones de pesos por causas relacionadas con el narcotr√°fico, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado hoy investigados.

Lo cierto es que ni el gobierno nacional ni la Justicia cuentan con cifras certeras sobre cuánto es lo que podría recuperar el Estado de los bienes obtenidos por hechos ilícitos.

Fiscales en deuda

El problema es que, seg√ļn admitieron en el Ministerio de Justicia, a casi ocho meses de dictado el decreto 62/2019 los fiscales de todo el pa√≠s todav√≠a adeudan el env√≠o al Ministerio P√ļblico del informe en el que deben dar cuenta de las causas pasibles de ser sometidas a juicio por extinci√≥n de dominio.

As√≠ lo establece el art√≠culo 7 del DNU; el art√≠culo 21, en tanto, le impon√≠a un plazo de 60 d√≠as al Ministerio P√ļblico para que, a partir de la informaci√≥n remitida por los fiscales, elabore un relevamiento de las causas penales en tr√°mite para, de esta manera, disponer en qu√© casos iniciar los procesos de extinci√≥n de dominio.

Sin embargo, aquel plazo de 60 días hace tiempo que está vencido.

“La dificultad est√° en el relevamiento que est√°n haciendo los fiscales: antes no llevaban el registro de las causas en que se hab√≠a pedido embargo, entonces deben revisar todas aquellas que tengan procesamiento con embargo y analizar, en cada caso, si corresponde llevar adelante una demanda por extinci√≥n de dominio -explic√≥ el ministro Garavano-. Ah√≠ est√° la dificultad en la presentaci√≥n de este informe, es un trabajo complejo”.

La postura de la oposición

Para la oposici√≥n, el problema es otro. “El decreto 62/2019 de extinci√≥n de dominio es inconstitucional porque avanza en materia penal, y los fiscales lo saben”, argumentan las voces opositoras.

En este planteo no hay fisuras: a fines de febrero pasado, a pocas semanas de dictado el decreto, todos los bloques de la oposición se unieron en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para rechazar el DNU de la polémica.

De todas formas, la norma contin√ļa vigente porque el dictamen de rechazo a√ļn no se debati√≥ en el Senado nacional ni en la C√°mara de Diputados.

¬ŅC√≥mo es el mecanismo?

US$23.000.000.000 es el valor total aproximado de los bienes que el Estado recuperó del narcotráfico y la corrupción desde 2016. Sin embargo, desde la vigencia del decreto de Macri se inició una sola demanda

Los bienes

El decreto presidencial establece que, con la simple existencia de una investigaci√≥n abierta por corrupci√≥n, narcotr√°fico o crimen organizado, los bienes del acusado deben volver al Estado. Sin embargo, para ejecutar el recupero, el Ministerio P√ļblico Fiscal debe pagar una tasa de justicia.

Alcance

Alcanza a todos los casos de corrupción o crimen organizado. También a los delitos de encubrimiento y balances falsos. Para que los bienes no sean retenidos por el Estado, el acusado debe probar que fueron adquiridos antes del hecho delictivo. Todo bien adquirido con posterioridad será incautado.

Después del juicio

Si el acusado es absuelto o sobreseído, el Estado deberá restituirle los bienes al demandado o brindarle el equivalente a esos bienes en dinero. Si es efectivamente condenado, los bienes permanecerán dentro de la órbita del Estado.

ADEM√ĀS

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