Seis noticias imprescindibles de este martes

1. Celaá da poder a Cataluña para desterrar definitivamente el castellano de las aulas. El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. El documento, consultado por ABC, concede total libertad al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán (la inmersión) y seguir discriminando a la lengua oficial del Estado en las aulas. El texto, que podría aprobarse a finales de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz verde a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal como establece la justicia y tal como recoge la Lomce.

2. Sánchez mantiene viva la opción del indulto al separatismo: «El Gobierno hace política». «Respeten la independencia del poder judicial, señor Cosidó. Dejen a los jueces trabajar. Y luego, señorías, desde el Gobierno de España y los representantes de los grupos parlamentarios tendremos que hacer política». De esta manera el presidente, Pedro Sánchez, ha dejado abierta la puerta a la concesión de indultos futuros a los líderes independentistas si son condenados por rebelión o sedición por orquestar el golpe separatista en Cataluña.

3. Miles de camiones atrapados en la frontera con Francia por las protestas de los «chalecos amarillos». Las protestas en Francia por la subida fiscal de los carburantes están perjudicando al colectivo de transportistas que cada día deben cruzar la frontera del país galo. Las movilizaciones de los «chalecos amarillos» han provocado el cierre de fronteras en Francia, por lo que la AP-8 en Irún y la N-121 se han visto colapsadas por camiones que no podían continuar con su recorrido por el territorio francés.

4. Un juzgado de Málaga condena al Banco Santander a pagar el impuesto de una hipoteca de forma retroactiva.Un juzgado de Málaga ha fallado que el Banco Santander debe abonar 1.990,31 euros por los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados (1.246,07 euros de la cantidad total) al declarar nula la cláusula financiera incluida en un préstamo hipotecario de junio de 2014. En la sentencia, dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga y contra la que cabe recurso de apelación, se señala que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe recaer en la entidad prestamista porque la disposición del Gobierno «resuelve una laguna interpretativa» y, por tanto, y en cuanto tal, es «tácitamente retroactiva».

5. Piden cuatro años de cárcel para González Macho y Gerardo Herrero por inflar la taquilla para cobrar subvenciones. Están acusados, supuestamente, de inflar las taquillas de la película «Paisito» (2008) para beneficiarse subvenciones públicas por valor de 612.000 euros. Según la calificación del ministerio público enviada a un juzgado de Alicante, facilitada a Efe, «Paisito» obtuvo una ayuda total de 612.701,22 euros por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en función a los datos de recaudación correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010. Concretamente recibió 49.930,11 euros en concepto de ayuda general y de 562.765,11 por subvención complementaria.

6. Casado acelera la reforma del Poder Judicial y la incluye ya en una enmienda. Pablo Casado no ha esperado más. Esta noche acababa el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la ley del Poder Judicial, que se está tramitando en el Senado, y el presidente del PP ha ordenado al Grupo Popular que registre un escrito para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Tras la renuncia del juez Marchena, el PP anunció que el pacto sobre el reparto de vocales del CGPJ con el Gobiero quedaba roto, y además advertía de que Pablo Casado presentaría más adelante una reforma para que los jueces recuperaran todo el protagonismo, como prevé la Constitución.

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