¿Se cierra el círculo para los dictadores cubanos?

Jorge E. Rodríguez

Cuando este jueves la administración de los Estados Unidos anunciara la aplicación de sanciones contra el general Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, por «su implicación en graves violaciones de derechos humanos», estaría cerrando el círculo para los dictadores en la Isla.

El panorama actual, con una profunda crisis económica y un actual jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, que carece del carisma y la retórica para convencer a una población que en seis décadas solo le han ofrecido promesas, podría complejizar el campo de operaciones políticas para el régimen de La Habana.

Cubanos encuestados coincidieron en que las sanciones anunciadas contra el general Castro tendrían poco impacto respecto a estimular un cambio de sistema en el país, sin embargo, consideraron a un mismo tiempo que la noticia se suma a otras acciones de presión, que se conjugan para dibujar un episodio inédito en sesenta años.

«El Departamento [de Estado] designa públicamente, como sancionado, a Raúl Modesto Castro Ruz […] debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos» y su apoyo al dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció en un comunicado el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Las sanciones contra el general Castro incluyen la prohibición de ingresar a los Estados Unidos para él y sus cuatro hijos: Deborah; Nilsa; Alejandro y Mariela, estos dos últimos con cargos de poder en la estructura de Gobierno.

Mariela Castro Espín, diputada del unicameral Parlamento cubano, es directora del oficialista Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Alejandro Castro Espín, coronel del Ministerio del Interior y hasta noviembre del pasado año jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, desaparecería de la escena política luego del escándalo desatado por los presuntos ataques acústicos a las embajadas de los Estados Unidos y Canadá en La Habana.

«Como primer secretario de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente mantiene cautivos a más de 100 presos políticos, [y] es responsable de las acciones de Cuba para sostener al régimen de Maduro en Venezuela mediante la violencia, la intimidación y la represión»; ahondó Pompeo en su comunicado.

Esta sanción se suma a la recogida de firmas –a través de Change.org, plataforma que actualmente se encuentra bloqueada dentro de la Isla– que exige la destitución inmediata del actual mandatario cubano, Díaz-Canel; a las demandas contra las aerolíneas American Airlines y Latam; a las demandas contra las empresas cubanas Cimex S.A. y Unión Cuba Petróleo (Cupet), y a las sanciones contra cuatro empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba.

La campaña por la destitución de Díaz-Canel señalaba que, «por más de dos décadas, Venezuela le había estado regalando a la dictadura castro-comunista cincuentamil barriles de crudos diarios, que [Cuba] refinaba y vendía en el mercado internacional».

Empresas sancionadas

El pasado 2 de mayo la corporación Exxon Mobil –antigua Standard Oil– presentó una demanda contra las empresas cubanas Cimex S.A. y Cupet por tráfico ilícito de bienes confiscados en violación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, conocida como Ley Helms-Burton.

Caroil Transport Marine Ltd –con sede en Chipre–; Trocana World Inc –con sede en Panamá–; Tovase Development, y Bluelane Overseas S.A., fueron las cuatro empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que «trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington».

Las tres primeras empresas sancionadas están encabezadas por Guillermo Faustino Rodríguez López-Callejas, hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro, que dirige el conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA.

Por su parte, el exiliado cubano José Ramón López Regueiro inició una demanda contra American Airlines y Latam Airlines Group, alegando que de manera ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí que el régimen cubano confiscó a su familia tras la revolución de 1959. La demanda, que como resarcimiento podría alcanzar los tres mil millones de dólares, exige a ambas aerolíneas «dejar de operar sus aviones de pasajeros y de carga» en esa terminal aérea.

Todo este escenario, inédito, podría requerir una reconfiguración de la diplomacia del régimen cubano, que ha visto el debilitamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y solo cuenta con el apoyo explícito de la Unión Europea que, según la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, mantiene a Cuba como «socio clave» y que «puede servir como puente entre América Latina y los países del Caribe».

El impacto de la sanción aplicada al general Raúl Castro tiene, a su vez, un significado simbólico inmediato en los adentros de la Isla, al representar un punto de presión para el régimen, y con una oposición política que gana, a pesar del incremento de la represión violenta, más espacio en las calles y simpatías entre la sociedad civil.

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