Rosell denuncia que le han vulnerado sus derechos

Entró en la Sala Penal de la Audiencia Nacional con semblante serio pero sereno. Esposado. Junto al resto de acusados del delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal. Sandro Rosell vivió el primer día del juicio en el que se le solicitan 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros. Fue el tuno de la Fiscalía, representada por José Javier Pole, y de la defensa, en el que todos los acusados (Sandro Rosell, Joan Besolí, Marta Pineda, Andrés Ramos, Josep Colomer y Shahe Ohannessian) estuvieron representados por sus respectivos abogados. Abrió la defensa el mediático Pau Molins, que junto a Andrés Maluenda, se encargan de demostrar la inocencia del expresidente del Barcelona. El letrado solicitó su libertad inmediata y denuncio la vulneración de varios de sus derechos.

Molins ha sido muy contundente en su exposición ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, compuesto por los jueces Ramón Sáez, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. De entrada ha solicitado que se archiven dos de los delitos que se le atribuyen. El primero está relacionado con «la venta de los derechos televisivos de la Confederación Brasileña de Fútbol» y que la Fiscalía atribuye el blanqueo de 19,9 millones de euros en comisiones obtenidas por Ricardo Teixeira por los derechos de retransmisión de 24 amistosos. El segundo hace referencia a cinco millones por el patrocinio de Nike con la CBF. Molins ha defendido que los dos delitos no deberían ser juzgados por la Audiencia Nacional, ya que «de ser delito, que no lo son, tampoco lo son en el territorio en el que se produjeron». Lo argumentó añadiendo que el Código Penal español no contempló uno de esos casos como delito hasta 2010, cuatro años después de que se produjeran los hechos en Brasil.

Sobre el presunto delito relativo a la empresa de márketing BSM, reclama que se juzgue en los juzgados de Barcelona, que es donde corresponde por la jurisprudencia competente, y no en la Audiencia Nacional como se está haciendo. Molins ha insistido en la necesidad de que el Tribunal deje en libertad a Rosell «hoy mismo o al final del juicio, una vez quede listo para sentencia». No obstante, donde ha puesto más énfasis el abogado de Rosell es en la vulneración de tres derechos que ha sufrido el empresario catalán. «El derecho de libertad, el derecho de defensa y el derecho a un juez imparcial», son los Molins asegura que no se han cumplido y lo ha razonado explicando que lleva casi dos años en prisión preventiva, lo que además le ha impedido preparar bien su defensa. Las puyas hacia la juez instructora, Carmen Lamela, también han sido una constante, llegando a asegurar que en este juicio «falta un juez imparcial» y apuntar que Rosell «empieza el juicio con una alta probabilidad de condena por el tiempo que lleva en prisión».

Igual de contundente se ha mostrado Andrés Maluenda, que también lleva la defensa de Joan Besolí y Josep Colomer. «Que los jueces sean jueces y no justicieros», solicitó, al tiempo que ha insistido en una idea: «Se desconoce al inicio del procedimiento qué delitos se van a investigar, sólo se tiene claro que se quiere investigar a Sandro Rosell». Tras poner en duda la declaración de Romario («la credibilidad de Romario está en tela de juicio»), ha pedido la nulidad de actuaciones ya realizadas, como las diligencias de investigación recibidas desde Estados Unidos. Por todos estos motivos, Maluenda ha solicitado también la nulidad del juicio y la puesta en libertad de los acusados.

El abogado ha hecho una defensa a ultranza de Rosell. «Se han querido disfrazar los éxitos económicos de Sandro Rosell con delitos inexistentes. Se ha querido encontrarle algo sí o sí a Sandro Rosell bajo la premisa de que Sandro Rosell es culpable», insistió. El abogado a explicado que no hay ninguna víctima ni entidad perjudicada por lo que «no hay estelionato» (fraude o engaño en los contratos). «Sin víctima, no hay estafa, y la corrupción entre particulares no existe en Brasil, mientras que en España, en 2010 no existía. No sé de qué delito estamos hablando. Estamos planeando un partido emocionante, pero no hay pelota. No hay delito. Si hay indicios de delito, sigamos adelante. Si no, no hace falta que sigamos perdiendo el tiempo», zanjó.

La primera jornada finalizó con la intervención del Ministerio Fiscal, que defendió la competencia de la Sala para poder juzgar a los acusados en la Audiencia Nacional. «No hay ninguna persecución a nadie», apuntó Pole, que negó que se hayan vulnerado los derechos fundamentales y la medida de la prisión preventiva que, además, «para nada afecta el derecho de defensa. Además los acusados han tenido una defensa bien ilustrada». El juicio se reemprenderá este martes a las diez de la mañana.

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