Recuperar lo robado: cuando ya no quedan m√°s excusas

La decisión del presidente Macri de recurrir a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para recuperar los bienes robados al Estado por la corrupción va mucho más allá de lo meramente formal. Con esa frase comenzábamos nuestra columna editorial de hace poco más de un mes. El transcurso del tiempo ha confirmado lo que presumíamos: a la hora de rechazar el DNU todo el peronismo marchó unido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso Nacional .

Si, como muchos interpretaban en aquel momento, el objetivo político del DNU iba camino de forzar una reacción legislativa y, con ella, dejar expuesto dónde se para la oposición respecto de este tema tan sensible, la respuesta es clara: se para en la vereda de los que, con su accionar, siguen facilitando la impunidad de quienes hicieron fortunas personales usando el dinero del Estado.

Esta consideración corre por cuerda separada de los defectos que pudiera contener el citado DNU. Entre las principales críticas que se le han realizado figura el hecho de haber sido firmado mientras el Congreso se encontraba en funciones y que no corresponde usar ese instrumento presidencial cuando se trata de cuestiones que rigen en materia penal.

El tema pasa entonces por determinar cu√°l ha sido el comportamiento del Congreso mientras ha estado en funciones. La discusi√≥n sobre la extinci√≥n de dominio se viene demorando desde hace tres a√Īos y solo empez√≥ a darse en el √°mbito parlamentario cuando una escandalosa evidencia no dej√≥ m√°s resquicio a los legisladores frente a los ojos de la sociedad: la descarada imagen de Jos√© L√≥pez , exmano derecha de De Vido , ocultando bolsos con d√≥lares, euros y joyas en un seudoconvento, acompa√Īado por la entrega de armas a un grupo de monjas que las recib√≠an sin inmutarse.

Otro hecho de corrupci√≥n sin precedente, revelado por los cuadernos de las coimas en agosto pasado, volvi√≥ a activar la discusi√≥n parlamentaria, pero sin que en ninguno de esos dos momentos se llegara a la sanci√≥n de la correspondiente ley, una herramienta vital para hacer justicia no solo respecto de los responsables del saqueo a las arcas p√ļblicas, sino para que el recupero del dinero y los bienes de esas exacciones vuelvan al Estado, es decir, a todos los ciudadanos.

En esos tres a√Īos, el Congreso fue y volvi√≥ sobre los proyectos en danza. Primero, Diputados aprob√≥ su iniciativa en 2016. Reci√©n dos a√Īos despu√©s, el Senado se avino a tratarla, modific√°ndola sustancialmente, por lo que ahora debe regresar en √ļltima revisi√≥n a la C√°mara baja. Si los diputados quisieran mantener su texto original, necesitar√°n de una mayor√≠a simple. Si no la consiguen, quedar√°n en pie los cambios del Senado, entre ellos, que la acci√≥n de extinci√≥n de dominio reci√©n podr√° iniciarse una vez que el juez decida la elevaci√≥n a juicio oral de la causa penal. Diputados habilitaba el proceso con la simple imputaci√≥n ante la Justicia, ubicando la acci√≥n en el fuero civil, sin tener que esperar los aproximadamente 14 a√Īos que suelen demorarse los juicios por corrupci√≥n.

Otra diferencia: Diputados estableció que esa figura se aplique a causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. En el Senado, rechazaron la retroactividad.

Ma√Īana, el presidente Macri dejar√° inaugurado en el Congreso un nuevo per√≠odo de sesiones ordinarias. Es de esperar que la recuperaci√≥n de lo robado al Estado por la corrupci√≥n sea, si no el primero, uno de los primeros temas por debatirse, junto con el financiamiento de las campa√Īas pol√≠ticas.

Cuando el pa√≠s est√° a las puertas de un a√Īo electoral , leyes como las citadas adquieren una importancia todav√≠a m√°s relevante.

Los legisladores tienen nuevamente la oportunidad de sancionarlas. De no poner más excusas que traben el proceso y terminen siendo garantía de impunidad. Como ya hemos dicho desde estas columnas, es de esperar que hagan su tarea en el sentido de justicia que reclama la sociedad en su conjunto.

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