Quim Torra, abucheado al visitar el instituto en el que se señaló a hijos de guardias civiles

El presidente catalán, Quim Torra, ha entrado este jueves a toda velocidad al IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) en el que en los días posteriores al 1-O varios profesores señalaron a los hijos de agentes de la Guardia Civil que estudiaban en ese centro. ¿El motivo? que decenas de vecinos y padres del centro lo esperaban en la puerta para recriminarle entre abucheos la gestión de su ejecutivo.

No en vano, la Justicia ya ha abierto diligencias a tres de los profesores del IES Palau que fueron denunciados por la Fiscalía, que se suman a un cuarto ya investigado por otro magistrado. Así, según informó en mayo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 7 admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía contra tres docentes por sus intervenciones en clase el pasado 2 de octubre sobre el referéndum ilegal del 1-O, en que presuntamente criticaron la actuación de las fuerzas de seguridad, acusados de los delitos de discriminación y contra la integridad moral.

Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Martorell investiga a otro profesor del centro que también fue denunciado por la Fiscalía por emplazar a alumnos hijos de guardias civiles a identificarse en clase, en una intervención ante los alumnos del pasado 20 de octubre. La denuncia del ministerio público se dirigía contra nueve docentes, aunque los juzgados de Martorell decidieron dividirla en dos procedimientos, en función de la fecha en que tuvieron lugar sus intervenciones en clase: el 2 de octubre -un día después del referéndum- o el 20 de ese mes, en vísperas de la celebración de una huelga estudiantil independentista.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell abrió también un proceso penal a cada uno de los tres profesores que intervinieron el día 2, en el que todavía no les ha citado a declarar como imputados. Asimismo, archivó la denuncia contra otros cinco, al entender que sus afirmaciones en clase en relación con el referéndum no constituyen delito. La Fiscalía acusa a los docentes de un delito contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos de discriminación y otro de injurias graves contra cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

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