«Quieren especular con nuestras casas»

Madrid Guardar

Fina Martín, Finita para los más antiguos de la Colonia de Camorritos, recuerda los duros inviernos que vivió de pequeña entre los gruesos muros de piedra de su casa, al borde de las vías del Eléctrico del Guadarrama. «Cuando caía bien la nieve teníamos que salir por un agujero que mi padre hacía desde una ventana», relata a ABC una de las vecinas más antiguas de este «paraíso» en Cercedilla con «fecha de caducidad». La concesión del terreno sobre el que se levanta, junto a otros 77 chalés, finalizó en abril de 2019. Así lo entiende la Comunidad de Madrid, que incoó el expediente de caducidad de 99 años el pasado 13 de diciembre, y el Ayuntamiento que reclama la titularidad del suelo cedido en 1920 a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) y de las viviendas que se levantan sobre él. La casa de Finita es una de ellas. Como ya informó este diario, en el Puerto de Navacerrada hay otros 367 inmuebles afectados.

Su padre, Bienvenido Martín, fue el guardabosques de estas montañas en las que ha vivido «siempre». Fue el encargado de hacer los primeros trabajos de parcelación de esta colonia, partida por las vías y la carretera, que «era un erial». A sus 75 años, y enferma, se le hiela el corazón al pensar que el Ayuntamiento quiera «desahuciarles». Cuando es preguntada por el posible desenlace responde: «Lo que quieren es especular con nuestras casas». En sus palabras se dirige directamente al alcalde, Luis Miguel Peña, que lidera una escisión de IU constituida como «independientes» al frente del consistorio parrao. «Le conozco, como a casi todos los de aquí, desde que era solo un niño», cuenta. «Se ha olvidado de que aquí hemos vivido familias. De que tenemos todos nuestros recuerdos entre estos muros», cuenta rememorando los partos que su madre, Rosa, asistió como matrona en el pueblo. «Siempre hemos ayudado. Una noche dimos cobijo en nuestra cocina, que era la única parte caldeada de la casa, a la hija de Franco, a Cristóbal Martínez-Bordiú y a sus escoltas. Fue justo antes de su boda, tras quedarse incomunicados por una gran nevada cuando estaban esquiando. Mi padre tuvo que ponerse los esquís y bajarles en trineo al pueblo», recuerda entre otras anécdotas.

Para ella, como para el resto de miembros que se han constituido en la Asociación de Titulares afectados de la Colonia de Camorritos, toda esta situación tiene un difícil encaje emocional. «La Safeg habló con mis padres y les ofreció comprar la casa. Nadie nos dijo que nos tendríamos que ir pasado un tiempo ni que esto no era nuestro en propiedad. Hace unos 20 años mi hermano y yo nos la quedamos. Hubo que arreglarla entera y cuando vino el arquitecto municipal a medirla nadie me dijo nada. En el Registro añadieron después lo del “derecho de ocupación” pero sin plazo de duración», expone sobre lo que consta en sus escrituras. «Se fija la naturaleza de la finca como urbana, no habla de monte ni de terreno rústico. Al titular se le asigna el pleno dominio y la nota del derecho de ocupación, que no de concesión, no fija la duración», explica Enrique Castells, otro de los afectados. «Pese a lo que afirma la Comunidad y el Ayuntamiento, en caso de ser una ocupación, esta no tendría plazo de finalización», expone a este diario en un paseo por la colonia. «Los vecinos hemos cumplido escrupulosamente con todos los requisitos establecidos por las administraciones. Nuestras familias han transformado lo que era un erial en un bosque habitado», añade.

«Aquí no había nada. Algunas zarzas y poco más», explica indignada con quienes piensan que sus viviendas son «una herida» en la montaña. «Hemos cuidado el monte como nadie. Con nuestras propias manos. Hemos plantado todos los árboles que hay. Cuando había un incendio, mi padre salía corriendo para salvar el monte. A mí no me dan lecciones de nada los ecologistas», alza la voz frente a aquellos que opinan que se debe renaturalizar la zona siguiendo la estela de la demolición del Club Alpino en el Puerto de Navacerrada.

Patricia Uslé, una vecina afectada
Patricia Usl̩, una vecina afectada РIGNACIO GIL

Familias estables

Patricia Uslé forma parte de una de las familias más jóvenes que habitan de forma estable Camorritos. Esta arquitecta, de 30 años, se siente arraigada a la tierra en la que se levanta su hogar y desea ver crecer a su hija de dos años en el mismo lugar en el que lo hizo ella. «Nací aquí, viví aquí, fui al colegio desde aquí. Tengo un vínculo tan potente con este lugar que creo que hay casi una atracción magnética», dice. «En mi familia vivimos entorno al ecologismo, la permacultura y el cultivo de la tierra. Si se habla de ecologismo, por qué no se menciona a las personas. No se habla de cómo habitamos en la naturaleza. Sólo importa el monte, y la connotación de que es público. Igual que desde el otro bando sólo importa la propiedad y a quién pertenece. Demuestra una gran falta de sensibilidad», defiende.

«Considero que la huella medioambiental que tiene la vida en Camorritos es de muy bajo impacto. Se trata de edificaciones muy dispersas, de muy baja densidad, construidas con materiales naturales en su mayoría, principalmente piedra y madera, completamente integradas en el paisaje. Gracias al cercado de fincas se ha conseguido que, a lo largo de este siglo coexistiendo, los bosques proliferen y se mantengan, incluso en nuestro caso particular, se reforesten. Son muchos los árboles, arbustos y flores que cada año plantamos y recuperamos. Hay un mantenimiento sostenible del bosque», añade.

En pleno proceso de alegaciones, desde la Consejería de Medio Ambiente, responsable de dictaminar una resolución, llaman a la «prudencia». El viceconsejero Mariano González se reunió esta misma semana con representantes de los afectados de Camorritos. «Fue muy cordial. Nos transmitieron sus inquietudes y sus argumentos jurídicos, que parecen tener solidez. Se analizará pormenorizadamente cada una de las alegaciones. Entendemos que es un asunto muy complejo y que la situación fáctica de cada afectado es diferente», explicó, tras el encuentro, a este diario. «Estamos en la fase inicial de un expediente. No hay que alimentar ningún tipo de especulación», afirmó, insistiendo en ser «muy prudentes».

Una actitud «diferente» a la que perciben los afectados por parte del consistorio. «Los ayuntamientos tienen el derecho y el deber de proteger todos sus bienes. Una vez la Comunidad declare la finalización de la ocupación, el Ayuntamiento de Cercedilla podría y debería ejercitar los correspondientes procedimientos de desahucio administrativo que prevé el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas», asegura su alcalde, en un cuestionario contestado por correo electrónico, sobre el futuro que espera para Camorritos y el Puerto de Navacerrada. Y advierte: « El Ayuntamiento tiene derecho a imponer multas coercitivas por importe de “hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por periodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo”. Además, la Comunidad de Madrid podría también sancionar a los ocupantes de dichos terrenos por ocuparlos ilegalmente una vez finalizada la concesión». «La actitud que está teniendo el Ayuntamiento es algo que no nos entra en la cabeza», lamenta Castells, que nació, creció y vive en la colonia.

Enrique Castells y Fina Martín, dos de los afectados
Enrique Castells y Fina Martín, dos de los afectados – IGNACIO GIL

Peña defiende los argumentos del informe jurídico que el consistorio encargó a un despacho de abogados externo. «El informe, que no es más que un pliego de descargo con las leyes que afectan a esta situación, le ha costado a los vecinos 14.000 euros», critica Javier de Pablos (PP), exalcalde del municipio ahora en la oposición. «No hay comunicación con los afectados –algo que niega Peña–. Si yo fuera alcalde ahora, lo primero que hubiera hecho es reunirme con ellos. Habla por boca del equipo de abogados. Nunca se moja», dice sobre el alcalde. «Si se ajustan a la ley, como no queda otra, los terrenos volverían a su propietario en el mismo estado en el que se entregaron. Es decir, que habría que derribar las viviendas. Y esto es algo que ningún grupo queremos», apunta.

De hecho, los planes del Gobierno local están en las antípodas. Lo que plantea es obtener la autorización de la Comunidad para sacar a subasta pública una nueva concesión sobre estas parcelas y sus construcciones. Algo que no esconde el interés económico que suscita para las arcas municipales. «De momento, el problema les está costando a todos los vecinos de Cercedilla 200.000 euros de IBI que hemos dejado ya de ingresar. Algo dramático para un presupuesto municipal de 7 millones de euros», dice De Pablos. Algunos partidos que concurrieron a las pasadas elecciones locales se atrevieron incluso a cuantificar el beneficio: 3 millones de euros al año. Así consta en el programa del Grupo Independiente Cercedilla.

Sobre la posibilidad de negociar otra resolución que no sea la de echar de sus casas a los actuales titulares, el Ayuntamiento responde que la Ley «prohíbe a los Ayuntamientos negociar sobre la propiedad de sus bienes». «En último caso, prefiero que esto se recupere como monte público a que una inmobiliaria se lo rife y por tanto, se especule. Se trata de demoler viviendas que son además patrimonio arquitectónico, donde habría que saber si el balance sale en positivo entre el escombro generado y el gasto energético. Existe tanta dificultad por llegar a puntos medios… pero creo que se podría dialogar, y por qué no, sobre cómo mantener nuestra vivienda con un mínimo de terreno y devolver parte de las fincas como monte público», concluye Patricia.

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