Puig se limita a negar que pagara la entrevista en The Guardian y que haya aumentado la publicidad en medios

La primera sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en siete meses (entre elecciones, formación de Gobierno y vacaciones estivales) ha dejado este jueves más una sensación de indiferencia que de acción en lo que está siendo el inicio de la legislatura en las Cortes Valencianas.

La oposición ha preguntado de forma conjunta sobre cuestiones que llevan coleando varias semanas pero a las que el jefe del Consell no había respondido en sede parlamentaria hasta la fecha. Hoy, las explicaciones tampoco han resultado demasiado vastas.

PP, Ciudadanos y Vox han centrado sus intervenciones de forma reiterada en los recortes de 440 millones de euros que tendrá que acometer el Consell, en las acciones que mantiene en el mayor grupo mediático de la Comunidad Valenciana, en el aumento de la inversión publicitaria la pasada legislatura y en el gasto de 43.000 euros en el diario británico The Guardian (donde salió publicada una entrevista a Puig que luego fue eliminada al formar parte de un acuerdo comercial).

El presidente de la Generalitat no ha dedicado mucho tiempo en las réplicas a sus contrincantes políticos pese que suele apurar los minutos que marcan el debate. En ellas se ha limitado a negarlo todo y a tacharlo de «mentiras»: que vaya a recortarse dinero, que sea accionista de un grupo al que se le ha perdonado una deuda y que pagara por una entrevista en The Guardian.

Toni Cantó, con la comparativa de publicidad institucional entre el PP y Puig
Toni Cantó, con la comparativa de publicidad institucional entre el PP y Puig – ROBER SOLSONA

En este sentido, ha insistido en que lo que se abonó fue por un libro y un encarte sobre la economía valenciana pero no por la entrevista (pese a que el diario así lo afirma) y que precisamente el próximo 3 de diciembre viajará al Reino Unido para promocionar el territorio valenciano ante el brexit. También ha indicado que a publicidad en medios destinan cinco millones de euros al año, «muchísimo menos de lo que gastaba el PP» (aunque los datos oficiales apuntan a lo contrario en comparación con la última legislatura de los populares) y que éstos se otorgan «con criterios objetivos» para campañas puramente informativas.

Ha señalado, igualmente, que los ajustes no se tendrían que producir si tuvieran unos Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante por culpa de PP y Ciudadanos, que votaron en contra «junto a los independentistas». Aun así, ha incidido en que «no afectarán a los servicios sociales», al igual que el resto de consellers se ha comprometido.

El «Berlusconi de Morella»

Mientras tanto, la portavoz popular Isabel Bonig, le ha reprochado que aumente el número de asesores y de altos cargos y que haya dedicado dinero a «rescatar empresas privadas» en las que Puig tiene intereses. Además, ha calificado al titular de Hacienda, Vicent Soler, de «sumiso» ante Pedro Sánchez por no exigir la mejora de la financiación. La diputada Eva Ortiz le ha sugerido que un buen recorte sería «a las ayudas a las empresas de sus hermanos», a quienes ha concedido ya 500.000 euros, cuando además se están investigando en los juzgados presuntas irregularidades, falsedad documental y fraude en subvenciones: «¿Puede asegurar que sus hermanos no han presentado facturas duplicadas, facturas falsas y nóminas en dos administraciones diferentes?».

Isabel Bonig, al inicio de la sesión de control
Isabel Bonig, al inicio de la sesión de control – ROBER SOLSONA

Desde Ciudadanos, el síndic, Toni Cantó, ha tachado a Puig de «comisionista» por llevarse un «sobresueldo de 500 euros al mes» con las acciones de Pecsa y lo ha acusado de estar empezando a comportarse como «el Berlusconi de Morella». Una intervención tras la cual el jefe del Consell le ha recriminado que no habían registrado esa pregunta y le ha echado en cara que «no conoce el respeto».

Por último, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha comentado que lo único que le importa al presidente de la Generalitat es «la autopromoción» pese a que adeudan dinero a colectivos vulnerables.

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