no podr√° aprobar Presupuestos con m√°s gasto antes de las elecciones

Tras casi un mes de batalla en el Congreso de los Diputados, PP y Ciudadanos han impuesto esta ma√Īana la mayor√≠a que ostentan en la Mesa del Congreso para cerrar el √ļltimo resquicio que le quedaba al presidente del Gobierno para retirar por la v√≠a r√°pida la capacidad de veto que tiene el Senado sobre el techo de gasto. Un poder que S√°nchez necesitaba fulminar para elaborar unos Presupuestos con lluvia de medidas sociales, como se hab√≠a comprometido con Podemos, y que fueran aprobados antes de las elecciones auton√≥micas y locales de mayo.

La Mesa del Congreso ha rechazado as√≠ la petici√≥n de reconsideraci√≥n formulada el martes pasado por la Junta de Portavoces para que la reforma de la Ley de Estabilidad -para la retirada del veto del Senado- se realizara por v√≠a de urgencia y en lectura √ļnica como hab√≠a solicitado el Gobierno para agilizar los plazos. √Čste era el √ļltimo recurso posible de manera que la reforma, que ya ha sido tomada en consideraci√≥n por el Pleno, se tramitar√° por v√≠a ordinaria y seguir√° ahora su camino en la comisi√≥n de Hacienda con el inicio del tr√°mite de enmiendas.

En el mejor de los casos, y suponiendo que el PP no vete la reforma en el Senado, la tramitaci√≥n ordinaria puede conllevar entre tres y cuatro meses ya que no hay consenso entre los grupos de c√≥mo debe hacerse la reforma. A√Īadiendo el esperable veto de los populares, la reforma no podr√° aprobarse hasta marzo o abril del a√Īo que viene.

El gran error de cálculo que cometió el Gobierno fue enviar un techo de gasto al Congreso el pasado mes de julio sin contar con los apoyos necesarios para aprobarlo. Si en aquel mes hubiera impulsado la reforma de la Ley de Estabilidad, probablemente hubiera podido aprobar unos Presupuestos con un mayor techo de gasto antes de las elecciones autonómicas.

Sánchez, por tanto, tiene ahora dos opciones. Prorrogar los presupuestos del PP o resignarse a elaborar unas nuevas cuentas con la senda de déficit trazada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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