Nicaragua cierra el año con la mayor caída económica después de Venezuela

La crisis política que estalló en Nicaragua en abril, con protestas callejeras contra el presidente Daniel Ortega, se ha cobrado al menos 326 muertos (cifra avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y ha tenido «impactos devastadores» en las condiciones socioeconómicas de los nicaragüenses, como atestiguan los agentes económicos.

Aunque, debido a la fuerte represión, en los últimos meses ha descendido el nivel de revueltas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que es vicepresidenta del país y codirige el partido gubernamental (el FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional), los efectos negativos de la situación están siendo profundos y duraderos en la economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que Nicaragua cerrará 2018 con una contracción del 4% del PIB, cuando en 2011 y 2012 el crecimiento estuvo por encima del 6% y rondó el 5% en los años siguientes. Esa contracción puede suponer unas pérdidas de más de 1.000 millones de dólares en valor agregado y ya ha aumentado en cinco puntos el nivel de pobreza.

Inflación y déficit público

En la nota emitida por el FMI a finales de octubre (1), tras una visita de personal técnico del Fondo a Managua, se constata que «la inestabilidad política desde abril afectó la confianza de consumidores e inversionistas». Esto afectó primero especialmente a los sectores del transporte, el comercio y los servicios, pero esas «disrupciones» han tenido luego efectos «más duraderos» en el turismo y la construcción debido al descenso de la demanda. «La caída del empleo del sector formal, la reducción en la inversión extranjera directa y la disminución en el crédito al sector privado podrían contribuir a exacerbar los efectos de estos choques», advierte el FMI.

Así, este organismo internacional estima que la economía nicaragüense se habrá contraído un 4% en 2018, lo que constituye la segunda peor cifra de Latinoamérica, por detrás del encogimiento del 18% previsto para Venezuela. El FMI pronostica que Nicaragua cerrará el año con un déficit del sector público consolidado del 4,6% y una inflación del 7%, datos solo superados por Venezuela (también por Argentina en el caso de la inflación y por Bolivia por lo que se refiere al déficit).

Despidos y suspensiones de empleo

Los datos del FMI confirman a final de este 2018 el peor escenario que ya a mediados de año vislumbraba la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Esta entidad empresarial apuntó en junio que si el Gobierno finalmente aceptaba una salida negociada de la crisis, la economía podría recuperar pronto su tono habitual y solo caería un 0,03%. En septiembre ya se había visto que el matrimonio Ortega no tenía voluntad de buscar un consenso con los grupos que presionaban al Gobierno; entonces Funides dibujó en un nuevo informe (2) dos escenarios con «impactos devastadores»: uno que apuntaba a una caída del PIB del 2,1%, si la situación podía finalmente reconducirse avanzado año, y otro aún más pesimista, si la represión gubernamental continuaba, de desplome del 4%, que es el que ahora ha avalado el FMI.

Según Funides, ese desplome vendría a suponer al país unas pérdidas de 1.214 millones de dólares en valor agregado, afectando principalmente al comercio (pérdidas de 377 millones de dólares), a la construcción (179 millones) y hoteles y restaurantes (157 millones). A julio de 2018 Funides contabilizó 347.000 personas que habían sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo, el 76,7% de las cuales correspondían a los tres sectores que se acaban de señalar.

Pobreza casi como tras la guerra FSLN-Contra

Ese volumen de despidos y suspensiones de empleo hizo que las personas en situación de pobreza pasaran del 29,6% al 34,8% de la población (porcentaje que supone más de 2 millones de nicaragüenses), de acuerdo con Funides, que advertía que una caída del 4% del PIB se produciría en un contexto de gran costo social: «Existen alrededor de 1,2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce considerablemente en los próximos meses».

La previsión añadía que, de verse afectadas todas esas personas, los niveles de pobreza serían similares a los de la primera mitad de la década de 1990, cuando el país salía de la guerra entre el gobierno revolucionario del FSLN y la Contra y «prácticamente la mitad de la población vivía en situación de pobreza».

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