Mucho ruido y poca coherencia

Acaba el mes de agosto con sonoras declaraciones protagonizadas por la flamante presidenta Isabel Díaz Ayuso, que anunció en el debate de su investidura «la mayor bajada de impuestos de la historia» para la Comunidad de Madrid, y por el Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès incapaz de aprobar los presupuestos catalanes pero que para justificar una nueva fase de recortes en el sector público catalán, culpó al Gobierno español y anunció que lo llevará a los tribunales para que se paguen los anticipos de 2019 «que son nuestros, que corresponden por ley al pueblo de Catalunya y que están reteniendo de manera irregular». Fiscalidad y financiación autonómica, temas que conviene a la ciudadanía que tratemos con profundidad y no en los términos en que lo han hecho Ayuso y Aragonès. Ayuso quiere un «oasis fiscal» en la región que preside frente al «infierno» al que someten los gobiernos de izquierda a los pobres ciudadanos, un procedimiento legal pero poco solidario y lejos del modelo de Estado homogéneo que propugnan PP y C’s, y que a la práctica lleva a la competencia entre territorios españoles, rebajando hasta el regalo fiscal a los que más tienen. Aragonès, después de negarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómico en los últimos años sigue hablando de una supuesta «asfixia económica» que sufrimos los catalanes por parte del malvado gobierno español, y anuncia una rebelión de gobiernos autonómicos contra el gobierno socialista, que estando en funciones, hace semanas busca la manera de facilitar la financiación de las CCAA, dificultada por la falta de unos presupuestos que el mismo partido de Aragonès impidió. Es importante recordar dónde nos encontramos en estos momentos: El conjunto de las administraciones públicas españolas recaudan seis puntos menos en relación a nuestra riqueza que la media europea, brecha que se ha aumentado en los últimos años. Estamos hablando de 80.000 millones anuales. Por eso, debemos tener en cuenta que si queremos servicios públicos de calidad, pensiones garantizadas e infraestructuras que promuevan nuestra economía, debemos repensar cómo conseguir que los que más tienen, ganan y heredan -vivan donde vivan- contribuyan al bienestar de todos con una fiscalidad justa. Y esto, a su vez pasa por un diálogo presidido por la lealtad y la cooperación entre administraciones y la buena fe negociadora y no por exabruptos y la confrontación estéril.

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