Marchena presidirá el tribunal más temido por los líderes del 1-O

La decisión de Manuel Marchena -que ayer renunció a presidir el Poder Judicial, como proponían los políticos- ha devuelto a la casilla de salida al tribunal del juicio del «procés», una vista histórica en la democracia española. Con su paso atrás, Marchena se mantiene como el presidente del tribunal y el ponente de la sentencia que escribirá el relato sobre lo que sucedió en Cataluña: él redactará el fallo que resolverá si hubo o no rebelión.

Su permanencia en el tribunal impide que la composición de la Sala de Enjuiciamiento se incline hacia un conjunto de jueces «más afable» a los acusados, con mayoría del sector progresista. Fuentes del Supremo admitieron que la salida de Marchena generaba esa expectativa, al provocar la entrada de la magistrada Susana Polo, de corte menos conservador, y al otorgar la presidencia del juicio al magistrado Andrés Martínez-Arrieta, el más antiguo de la Sala Penal y con un perfil más progresista que Marchena.

Los líderes del «procés», sin embargo, han vuelto a dar la vuelta al calcetín y han aprovechado la crisis del Poder Judicial para extender la sombra de la duda sobre el tribunal. Además de Marchena y Martínez-Arrieta, estará formado también por Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

Oriol Junqueras y otros cinco acusados –Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– han recusado a Marchena por «falta de imparcialidad». Alegan que «han quedado al descubierto» los supuestos vínculos del magistrado con el PP, lo que según ellos lesiona la imparcialidad exigida a un juez por la normativa europea y por la Constitución española.

El Alto Tribunal ya rechazó apartar a seis magistrados y avaló la «imparcialidad» de los jueces designados para enjuiciar a los 18 líderes secesionistas. La Fiscalía les acusa de empujar hacia la independencia por las vías ilegales, asumiendo la violencia como un medio para doblegar al Estado, y solicita un total de 177 años de cárcel.

Estrasburgo

La controversia por la presidencia del Consejo General del Poder Judicial -y de manera particular el contenido de los «tuits» del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó– no hacen más que reforzar la estrategia independentista, que ya anticipa que el proceso acabará en Europa. Auguran que el caso terminará con un severo correctivo a la Justicia española. Desde que el Supremo encausó a los líderes del 1-0, tanto sus abogados como las fuerzas políticas secesionistas han reconocido que lo fían todo a una última apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dando por descontado que la sentencia en España será condenatoria. Se ve como un precedente el fallo que consideró que no fue imparcial una juez que condenó al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, actual referente del sector más exaltado del secesionismo.

Desde que el «procés» entró en su fase terminal, pero también desde antes, el independentismo ha trabajado sin descanso para trasladar la imagen de una Justicia parcial y «vengativa», franquista de hecho, en la que se han mezclado cuestiones que atañen al proceso -el uso de la prisión preventiva- con otros episodios como el de la rectificación respecto al impuesto de las hipotecas, que han cuestionado la credibilidad del Tribunal Supremo.

Ayer mismo, la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, volvía a la carga a propósito de la «falta de independencia judicial», el tuit de Cosidó y la renuncia de Marchena. «El whatsapp es el detalle; el tema es el desprestigio del sistema judicial español». La estrategia es clara, y apunta a Europa. La negativa de los presos a solicitar un hipotético indulto en caso de condena señala el camino hacia Estrasburgo.

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