Los socios no aprueban los Estatutos y ponen a la SGAE en el filo de la intervención ministerial

Los socios de la SGAE, reunidos en Asamblea, han rechazado esta tarde la aprobación de la reforma de los Estatutos que amoldaba la normativa de la entidad a la legislación vigente. Los nuevos Estatutos debían recibir el apoyo de dos tercios de los votos emitidos por los socios, pero se quedaron a ocho puntos. En lugar del 66.6% necesario, obtuvieron el apoyo de solo un 58,01%, lo que se traduce en 13.074 votos del total de 22.536 votos emitidos. El no, alcanzó el 40,91% (9.220 votos) y la abstención se quedó en el 1,07% (242 sufragios).

El Ministerio de Cultura exigía la aprobación de esta nueva norma para la entidad con el fin de detener un proceso de revocación de la actividad de la SGAE, después de un año de grandes tensiones entre la entidad y su administración tutelar. El resultado negativo en un momento tan vital para el futuro de la entidad se explica también por el gran rechazo interno a la junta directiva elegida el pasado noviembre, que no ha sabido o podido aunar las voluntades de los socios, ni realizar gestos inequívocos de alejamiento de lo que ha supuesto «la rueda de las TV», Esa división que vive la SGAE ha convertido a la institución en una entidad prácticamente ingobernable.

En la Asamblea de esta tarde estaban representados un total de 1.132 socios, una nimia parte de los 22.000 con derecho a voto (el total de socios cuyo catálogo gestiona la entidad, aunque no tienen derecho a votar, es de 120.000). Ello se traduce, una vez más, en una desmovilización terrible para una entidad que vive uno de sus momentos más difíciles por los escándalos que arrastra y la imagen de pésima gestión y corruptelas asociadas al pasado inmediato.

Ese millar de votantes, sin embargo, maneja nada menos que 22.675 votos, puesto que el número de votos de cada socio depende de los ingresos. Por eso, los guionistas, dramaturgos y muchos exponentes del colegio audiovisual se han quejado de los manejos de «la rueda» que ha enmarañado el reparto para recaudar más y tener cada vez más peso en la junta directiva. En el reparto de diciembre, que también estaba llamado a aprobarse o rechazarse hoy, la música nocturna (que se emite de 2 a 7 de la madrugada, sin audiencia pero con mecanismos multiplicadores alentados por un sistema con poca transparencia) suponía un 40% de los ingresos de la música.

Intervención temporal

Por lo ocurrido en los últimos años, y tras meses de sospechas y desmanes en la entidad, el Ministerio de Cultura puso en marcha el pasado septiembre una medida punitiva. Un procedimiento de revocación de la autorización para la gestión de derechos de propiedad itelectual, previsto en la ley (art 149 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual – TRLPI) «después de constatar que la SGAE estaba incumpliendo gravemente algunas de sus obligaciones» legalmente establecidas.

Con ese fin Cultura envió un apercibimiento que pretendía que SGAE corrigiese los incumplimientos en un plazo de tres meses, que ahora han concluido. Tras el apercibimiento del ministerio, la SGAE estaba comprometida a aprobar los nuevos Estatutos antes de fin de año, así como a modificar el sistema de reparto e implantar el voto electrónico. Tras las últimas elecciones tomó posesión la nueva Junta Directiva, dominada por los músicos que suelen estar asociados con «la rueda de las TV».

Remoción de los órganos

El procedimiento puesto en marcha por Cultura para revocar la autorización para operar como entidad de gestión no eliminaría el hecho de la SGAE su condición de asociación, protegida por la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación, pero sin poder gestionar derechos de propiedad intelectual de gestión colectiva obligatoria.

Sin embargo Cultura tiene otra posibilidad siguiendo el artículo 192 de la TRLPI: una vez apercibida la entidad de gestión conforme al artículo 149 y siempre que «concurran razones de urgencia justificadas en dificultad o impedimento objetivo de reinstaurar el cumplimiento de la legalidad, la autoridad competente podrá acordar motivadamente, previa autorización del juez correspondiente al domicilio social de la entidad, la remoción de los órganos de representación de la entidad y su intervención temporal, mediante la designación de un gestor interino que asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de representación de la entidad, en las siguientes condiciones».

Esa intervención tendría como fin regularizar el funcionamiento, clarificar su gestión e implantar medidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la legalidad y de las obligaciones que marca en esta materia. Para ello existen varias condiciones: un plazo de seis meses, prorrogable por igual período. El pago de los gastos derivados de la intervención temporal por parte de la entidad intervenida.

La junta directiva de la SGAE ha pedido a todos los socios de la entidad que no emitan un «voto autodestructivo» en la asamblea, si bien reconociendo que los Estatutos que se votarán serán «de mínimos» y utilizaba términos de poca convicción con respecto a la reforma, como «imperativo legal». «Al final, lo que estamos haciendo es parchear los estatutos a base de cambios», reconocía Hevia en una rueda de prensa en la sede de la SGAE, secundado por los otros cuatro vicepresidentes de la entidad.

La reforma incluye, entre otras medidas, una Comisión de Supervisión con cinco socios ajenos a la junta y uno externo a la entidad. Sobre la nueva normativa de reparto, no se ha tenido en cuenta en diciembre (ni se ha hecho declaración o gesto alguno con respecto a las bondades de cambiarlo). El reparto que deben aprobar los socios se ha hecho «en función de la legalidad vigente y paralelo al reparto heredado» -de 107 millones de euros en total de derechos, 18 millones van a parar para la franja nocturna-.

El otro escollo fue el voto electrónico. El Ministerio ha recomendado no exigir «medidas especiales de identificación» como el DNI electrónico para aquellos socios que quieran usar el voto electrónico en la asamblea general. Este ha sido caballo de batalla en las últimas asambleas, ya que cuando el voto electrónico funcionó, los socios votaron en mayor cantidad y fueron rechazadas las cuentas y la gestión del expresidente José Miguel Fernández Sastrón. Pero desde la entidad se denuncia que hubo situaciones como las ocurridas en la última asamblea, en la que desde una misma IP se emitieron 294 votos.

Lee más: abc.es


Comparte con sus amigos!