Los restaurantes del paseo de Joan de Borbó paran en defensa de sus terrazas

Terrazas cerradas en señal de protesta. Casi la totalidad de los restauradores del paseo Joan de Borbó, en el barrio barcelonés de la Barceloneta, dejaron este viernes de servir aperitivos y menús al mediodía y cerraron sus locales para protestar por la reducción de terrazas que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo en la zona.

Muy indignados y con carteles, medio centenar de trabajadores de unos 35 locales que disponen de terraza se concentraron en la acera del paseo y acabaron invadiendo la calzada y cortando el tráfico para denunciar la que aseguran que es una «persecución» del gobierno municipal y especialmente de la concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin.

Los restauradores explican a ABC que durante las negociaciones, que no acabaron con algún acuerdo, el Ayuntamiento les había hablado de una reducción del 20% de mesas y sillas y que, sin embargo, algunos locales de la zona han empezado a recibir actas administrativas en las que el consistorio está intentando notificar a los propietarios de supresiones drásticas, del 40 o 50% en algunos casos.

«Una alta tradición»

«Somos locales con una alta tradición de terraza. No pueden quitarnos tantas mesas y menos sin debatirlo», lamentan algunos afectados a este periódico. Además, añaden que las obras de pavimentación que vive la zona no son más que una excusa para empezar a implantar la minimización del espacio disponible.

El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, acompañó a los manifestantes y lamentó que Pin está «traicionando el pacto de las terrazas». Así, desde el Gremi reclaman a la alcaldesa Ada Colau que deje de perseguir a las familias que trabajan de la restauración y exigen al consistorio una reunión urgente con los afectados.

Paralelamente, Pallarols avanzó que en unos días se formalizarán dos contenciosos administrativos por la reducción del espacio público de locales en Santa María del Mar, que se convertirán en los primeros que tendrá que afrontar el gobierno municipal después de haber cerrado el pacto por las terrazas con el que supuestamente se resolvía el problema.

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