Los recortes del Consell afectan al plan de supresión de barracones, a vivienda social y a las ayudas a empresas

El Gobierno valenciano puso el sábado pasado cifra exacta a los recortes que tendrá que acometer en el tramo final del año: 364,7 millones de euros. Una cantidad necesaria para recibir hacia mitad de octubre el adelanto de los 250 millones del pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al que se comprometió el Ejecutivo central.

El plan ya ha sido remitido al Ministerio de Hacienda, que tendrá que aprobarlo y publicarlo, y el mecanismo acordado será el de las retenciones de crédito. Aunque el detalle es deconocido en su mayoría, la negociación política (sobre todo) entre PSPV y Compromís para cerrar un acuerdo ha sido ardua y ha despertado tensiones.

La coalición, que se resistía en un primer momento, exigió antes de sentarse que el Consell aumentara el tono reivindicativo frente a Madrid para una mejora de la financiación y para un trato diferenciado a la Comunidad Valenciana. Aunque en la práctica nada de ello se ha conseguido, consideran satisfactoria la postura común. También pidieron que los ajustes se consensuaran de forma conjunta y no unilateralmente por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler (el cual se ha sentado con cada departamento). Igualmente, solicitaron que se aumentaran los funcionarios (algo que, destacan fuentes de Compromís, se ha logrado).

En el capítulo de personal, según explican desde el Gobierno autonómico, los recortes afectan a la provisión de sustituciones y a las plazas nuevas, algunas de las cuales no serán cubiertas. Entre el personal afectado, aseguran, no se encuentra el profesorado puesto que ya se contrató en julio y septiembre, por lo que al tener que realizar el plan ahora no se tocará.

Una de las consellerias en las que mayor cantidad de ajustes se cuantifican es en Educación. Éstos oscilarían entre los 60 y los 100 millones de euros dependiendo del color de partido al que se pregunte (aunque la balanza se decanta hacia los 100). Pero si existe unanimidad en las fuentes consultadas es en que el grueso toca al Plan Edificant, el programa de construcción y mejora de centros escolares que fijaba una delegación de competencias a los Ayuntamientos para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras o para actuaciones en ellas. Las Cortes Valencianas, en noviembre de 2017, aprobaron una moción de Podemos en la que se instaba a la Generalitat a hacerse cargo de la supresión de los barracones si los consistorios no eran capaces de asumirla, cosa que todavía no se ha aplicado.

La realidad es que el plan sufre un atasco y el ritmo de ejecución no está siendo el deseado, por lo que las cantidades ni siquiera retenidas todavía ya no se podrán gastar y se han incluido en el plan de recortes. Es decir -y según reconocen fuentes del Consell-, que el reajuste se hubiera producido igualmente aunque no hubieran acometido recortes, pero entre ellos se ha contabilizado Edificant.

Ritmo bajo de ejecución

Situación similar se replica en Vivienda con la compra de casas por parte de la Generalitat destinadas a alquiler social a través del parque público de viviendas. La medida fue anunciada en 2018 con un presupuesto de 50 millones para los próximos tres años. Ahora, una parte de ese dinero -que desde Podemos cuantifican en pequeña- no se podrá ejecutar como estaba previsto y también se ha introducido en el plan de recortes.

Otra de las partidas que podrían sufrir modificaciones son las subvenciones a empresas, puesto que algunas de las convocatorias al respecto no han salido publicadas. En este caso, tocaría al Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial).

Poco se sabe de lo que los recortes afectarán al sector público, mientras que en Innovación tocará a inversiones que no se iban a ejecutar en Universidades. En Sanidad se apunta igualmente a una cifra similar a la de Educación, al ser los departamentos que más presupuestos tienen.

Desde Hacienda, a preguntas de este periódico, no ofrecieron ninguna información diferente a la del sábado y remitieron a la comparecencia de Soler en las Cortes. El reparto anunciado se producirá de la siguiente manera: Capítulo I de personal, 20 millones; Capítulo II de gastos de funcionamiento, 42,4 millones; Capítulo III de intereses, 1 millón; Capítulo IV de transferencias corrientes, 38,9 millones; Capítulo VI de inversiones, 118,6 millones; Capítulo VII de transferencias de capital, 133,4 millones; y Capítulo VIII de activos financieros, 10,4 millones.

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