Los guardias civiles de la playa ceutí del Tarajal, a juicio por homicidio imprudente

Los dieciséis guardias civiles investigados por la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2004 en la playa del Tarajal de Ceuta, donde quince inmigrantes murieron ahogados al intentar alcanzar a nado la costa mientras eran disuadidos de su propósito con el lanzamiento de pelotas de goma, se sentarán finalmente en el banquillo acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro. Así lo ha decidido la juez de Instrucción número 6 de Ceuta, que en su auto advierte de que su decisión no «puede eregirse en una “pseudo-sentencia” anticipada, ya fuere condenatoria o absolutoria».

Con estas cautelas la magistrada sostiene que «de lo actuado resulta indiciariamente que el 6 de febrero de 2014 cientos de personas se lanzaron al mar con el propósito de llegar a España a nado, y de entre ellas quince fallecieron ahogadas en la playa ceutí del Tarajal, y un número indeterminado resultaron lesionadas, mientras los agentes de la Guardia Civil investigados utilizaban material de dispersión para disuadirlos, disparando en consecuencia bolas de goma y botes de humo al mar en que nadaban, en defensa de las fronteras españolas. Dicha actuación pudo contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento de las mismas, concurriendo indicios sobre posible falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados, los cuales, indiciariamente asimismo, omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital».

Proteger la frontera

El auto recuerda que siendo «incontrovertido el deber de la Guardia Civil de proteger la frontera, tampoco puede soslayarse que ese deber debe cumplirse dentro del marco normativo y jurisprudencial del ordenamiento jurídico de la Unión Europea». Asimismo, precisa que «las fronteras han de protegerse, pero sin dejar desprotegidas a las personas».

Respecto a la omisión del deber de socorro, la juez afirma que «es claro que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión».

Eso sí, también la instructora hace hincapié en que no pueden ignorarse los derechos humanos de los guardias civiles que protegen la frontera sur de Europa, «dotándoseles de los protocolos de actuación y recursos materiales, técnicos y humanos que permitan realizar su función con seguridad y con adecuación a la normativa internacional de derechos humanos».

Además, la magistrada precisa que «no cabe soslayar la complicación que supone para los agentes de la Guardia Civil el rechazo en frontera en el ámbito marítimo, pues en el mar no hay elementos de contención fronteriza».

La investigación judicial de este caso ha sufrido desde el principio numerosos avatares, hasta el punto de que fue archivada dos veces al no encontrarse por parte del instructor indicios de delito. Sin embargo, en otras tantas ocasiones la Audiencia obligó a reabrir la causa, y ahora el asunto ha desembocado en la apertura de juicio oral.

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