Los gobernadores, a un paso de ir a la Corte por la rebaja de impuestos

Fuente: Archivo РCr̩dito: Silvana Colombo

Los jefes provinciales rechazan cofinanciar el paquete de medidas anunciado por Macri; esperan una convocatoria del Gobierno

CÓRDOBA.- Mientras esperan una convocatoria de la Casa Rosada, los gobernadores opositores ya tienen listos los amparos que llevarían a la Corte Suprema de Justicia para evitar cofinanciar con la Nación las medidas paliativas de la crisis, que -calculan- le costarán a todas las provincias casi $35.000 millones hasta fin de año (35% de un total de $99.000 millones que incluye todas las decisiones).

Si no hay convocatoria, las presentaciones se iniciarán esta semana: hoy se reúnen los fiscales de Estado de las provincias. Córdoba es la única que por ahora sigue analizando el camino a seguir.

En 2018, las provincias alcanzaron un superávit equivalente al 0,4% del PBI, algo que no se daba desde 2014. En cuanto al resultado financiero (que incluye el pago de intereses de la deuda), también hubo buen desempeño: tuvieron un déficit del 0,3% del PBI. Sobre esa base, las cuentas deberían haber empeorado mucho este año para que esté en riesgo el pago de gastos corrientes, como advirtieron los mandatarios en un comunicado.

Los gobernadores dudan -y según varios analistas con razón- que la pérdida de recursos sea “sustancialmente menor”, como planteó la Casa Rosada. En el Gobierno esperan que un aumento en el consumo y en el IVA Aduana se sumará a la suba de la recaudación por efecto de la inflación. “Por cómo está la economía es muy difícil que eso se produzca”, definió el salteño Juan Manuel Urtubey, quien sostuvo que también aumentan las demandas sociales.

Marcelo Capello, economista del Ieral, califica de “optimista” el cálculo de la Nación de una mejora en la recaudación, “pues no se tiene en cuenta el impacto negativo sobre el consumo que tendrá la mayor inflación”. A su criterio, por la baja del IVA a determinados alimentos habría que esperar un efecto neto positivo de unos $12.500 millones, en lugar de $32.009 millones que suponen en Nación.

En julio, las provincias recibieron $141.566 millones por coparticipación y leyes especiales. Un 62% más que un año atrás, pero por la inflación, el crecimiento fue de 5% en términos reales. Un trabajo del Iaraf que dirige Nadín Argañaraz y al que accedió LA NACION, señala que en los primeros siete meses del año los giros por esos conceptos cayeron en términos reales el 1,1% interanual.

En el análisis por provincias, en el acumulado a julio e incluyendo el impacto inflacionario, Buenos Aires fue la única que registró un incremento real: 10,5%, que se explica por los fondos automáticos por compensación.

En el otro extremo, la coparticipación de Córdoba, Santa Fe y San Luis cayó alrededor de 6% interanual en términos reales. El resto de las provincias registraron bajas de entre 0,6% y 3,8% real. Puntualmente en julio, La Pampa creció por encima del resto (63,4%), porque comenzó a recibir recursos extras por el fallo de la Corte de noviembre pasado sobre la distribución de los costos de autarquía de la AFIP.

La reducción real de los giros de la coparticipación coincide con la caída de la recaudación propia de las provincias, impactada, al igual que la nacional, por la recesión. Aunque el peso de la coparticipación varía por distrito (en los más grandes el impacto es relativamente menor), significa como mínimo el 25% de los ingresos totales, por lo que es un elemento clave para mantener las cuentas equilibradas.

Argañaraz explica que se produjo una “caída de financiamiento” y que la evolución dependerá del acuerdo salarial que cada distrito haya hecho. Esos acuerdos explican “gran parte del superávit” que registraban las provincias. El economista entiende que habrá provincias que estén complicadas y necesiten financiar el incremento de gasto. “Hubo un aumento del dólar y de la inflación. Eso genera una mejora nominal de recaudación y, por ende, de la coparticipación, pero en paralelo hay un alza de las demandas salariales y habrá que ver cómo juega cada parte”, agrega.

Federico Muñoz, titular de la consultora Muñoz & Asociados, afirma que el total de transferencias a las provincias (excluidas CABA y Buenos Aires) se mantiene desde fines de 2015 a igual período de 2018 en 5,5 puntos del PBI, “lo que contrasta con cómo evolucionaron los ingresos de Nación que, en ese lapso, cayeron tres puntos del producto porque cargó sobre sus hombros el reclamo privado de baja de presión tributaria, sobre todo por retenciones y seguridad social”.

En ese contexto, entiende que los gobernadores -más allá de que la situación es “heterogénea”- tienen “más margen de maniobra” que la Casa Rosada, “porque no sufrieron un detrimento” en los recursos. “Disfrutaron de una evolución saludable de las transferencias automáticas. Desde fines de 2015 hubo un alza en ese ítem, aunque no benefició por igual a todos”. Grafica que en CABA el refuerzo presupuestario se dio por el traspaso de la policía. En el de Buenos Aires, por la compensación por el Fondo del Conurbano. En Córdoba, Santa Fe y San Luis, por el fallo de la Corte Suprema.

Capello reconoce que existirá un costo fiscal importante para las provincias, pero advierte que será “menor” al estimado por los gobernadores. Insiste en que, entre 2015 y 2018, los recursos netos de Nación bajaron 6,2% en términos reales frente a una suba de 7,3% en el conjunto de provincias: “Tratándose de un período que posiblemente sea de transición, se requiere un esfuerzo compartido para transitar los últimos meses del año”, sostiene.

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