Los fiscales anticorrupción piden régimen semiabierto para Lula da Silva

Los fiscales de la Operación Lavacoches, los mismos que denunciaron el caso, pidieron a la corte la progresión de la pena del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) al régimen semiabierto, que le permite volver a casa con una tobillera de control.

El equipo de fiscales informó que Lula, preso desde abril del año pasado, ya cumplió una sexta parte de la condena, tiene buen comportamiento y puede mejorar su condición a un régimen más blando que, en principio, le permitiría salir de la cárcel durante el día y regresar a la celda para dormir.

«Una vez certificado el buen comportamiento carcelario por el Superintendente de la Policía Federal en Paraná y escuchada la defensa, requiere el Ministerio Público Federal que sea deferida a Luiz Inácio Lula da Silva la progresión al régimen semiabierto», dice el comunicado.Lula, de 73 años, cumple una condena de ocho años y diez meses de prisión, en la sede de la Policía federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, lugar donde también despachan los fiscales del caso Lavacoches.

Veredicto «parcial»

Por falta de vacantes para ese régimen, sin embargo, es grande la posibilidad de que Lula pueda cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria, en su casa en São Bernardo do Campo, en la Gran São Paulo.

La jueza encargada del caso, Carolina Lebbos, debe dar el veredicto la próxima semana, pero la salida también dependerá del propio Lula, que ya se manifestó contra ese beneficio. En una entrevista reciente, el expresidente declaró que solo dejará su celda cuando consiga la anulación del proceso y pruebe su inocencia.

Su defensa mantiene una acción contra el juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, al que acusa de un veredicto político y parcial. Moro, considerado por muchos un héroe anticorrupción, ha sufrido desgaste con filtraciones que muestran que trató el caso Lula directamente con los fiscales del proceso, lo que es considerado inconstitucional.

Lula fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo de fondos, acusado de recibir un piso triplex con vista al mar a cambio de ventajas en obras públicas a la constructora OAS. Su defensa cuestiona la delación del empresario Leo Pinheiro, que redujo su pena gracias a las acusaciones, y relata que Lula apenas visitó un piso en obras que nunca estuvo a su nombre y en donde nunca residió.

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