Las necesidades de salud motivan cuatro de cada diez ayudas de emergencia social

A lo largo de 2018, los ayuntamientos gallegos tramitaron más de cuatro mil seiscientas solicitudes de ayudas de emergencia para hacer frente a necesidades sobrevenidas en hogares con dificultades. Cerca de tres mil (un 11% más que un año atrás) resultaron concedidas tras analizar los expedientes, resultando un importe final de tres millones de euros.

Evitar impagos que puedan conducir a la pérdida de la vivienda habitual o a un corte de suministros básicos y posibilitar arreglos fundamentales para la habitabilidad de los hogares son parte de los fines contemplados en las ayudas de inclusión social (AIS), las prestaciones económicas previstas por la administración gallega para acompañar puntualmente en gastos específicos a familias en exclusión vinculadas a la Risga —aproximadamente la mitad de los hogares que en 2018 recibieron AIS eran beneficiarios de la renta mensual de integración— o impedir que necesidades sobrevenidas y urgentes ocasionen un desequilibrio definitivo a personas en una situación económica vulnerable. Si bien, son las necesidades de salud no cubiertas por el sistema público las que protagonizan un mayor número de concesiones: en 2018, casi cuatro de cada diez ayudas aprobadas (el 39,68%, alrededor de 1.155 casos) correspondieron a gastos sociosanitarios inasumibles para las familias. La inmensa mayoría, explican desde la Consellería de Política Social, en forma de tratamientos dentales por problemas que dificultan la masticación —«en muchos casos de menores», añaden— o compra de gafas graduadas, dos situaciones no incluidas en la sanidad pública que tensionan a los hogares con pocos recursos y que las AIS cubren hasta un máximo de 1.075 euros (dos mensualidades del índice de referencia para la concesión de ayudas, Iprem).

La avería de electrodomésticos de primera necesidad, como la cocina o la nevera, es la segunda causa más frecuente para la concesión de ayudas, casi al mismo nivel (un 20% en cada caso) que las orientadas a la atención de necesidades básicas de alimentación, vestido o ropa de cama, en este caso vetadas a hogares perceptores de la Risga, en tanto que la prestación mensual ya se orienta a garantizar ingresos de subsistencia y cubrir necesidades básicas. A mayor distancia, representando un 16%, aparecen los pagos vinculados al uso de la vivienda, como el abono de deudas de alquiler o de cuotas de la comunidad, en este caso con el límite de dos veces y media el Iprem (1.344 euros). Con menos del 4% del total, figuran las ayudas para mejoras necesarias en casa, como el arreglo de tejados ante problemas de goteras o humedades, cambio de ventanas o puertas o adecuación de cuartos de baño (hasta un máximo de 5.378 euros). El siguiente grupo, poco más del uno por ciento, fueron las ayudas complementarias a beneficiarios de la Risga para reforzar alguna de las acciones formativas o de capacitación previstas en el plan de integración que los profesionales de servicios sociales trazan para cada uno de los usuarios de la prestación. En este caso, las AIS pueden cubrir, por ejemplo, la compra de libros, el pago de medios de transporte necesarios para acudir a talleres o la contratación de servicios puntuales de cuidado de niños o persons mayores a cargo para poder asistir a formaciones.

El 63,37% de las personas que en 2018 necesitaron una AIS son mujeres y más del 86%, personas en paro. El 70,4% tuvieron trabajo en algún momento y un 13% residen en una vivienda cedida en precario.

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