la trastienda del desahucio más mediático

El número 11 de Argumosa fue ayer el epicentro de los problemas sociales de Madrid, con el desahucio de cuatro familias. Decenas de personas se concentraron frente el lugar, acordonado por la Policía Nacional, con el objetivo de que la presión social frenase, como tantas otras veces, el desahucio de Pepi, Juani, Rosi y Mayra. Pero ayer no fue así. Las afectadas denunciaron ante los medios que la notificación judicial del desalojo les había llegado el jueves por la tarde, dejándolas sin tiempo para recoger sus cosas. Pero realmente este es el caso de un desahucio anunciado desde el pasado mes de abril.

Entre las cuatro afectadas suman 16 avisos judiciales para abandonar voluntariamente el lugar: siete Pepi, cinco Rosi y cuatro Juani. El último de ellos –anterior al definitivo– le llegó a una de las moradores hace menos de 10 días, el 15 de febrero. Todos se paralizaron, excepto el de ayer, que puso fin a varias décadas viviendo en el edificio del barrio de Lavapiés.

Los problemas en Argumosa, según denuncian los vecinos, empezaron en 2016, cuando murió el único propietario del edificio. Los herederos nunca se pusieron de acuerdo en lo que respecta a la gestión. Indican que en noviembre de 2017 algunos moradores recibieron la visita de los nuevos dueños. « Me ofrecieron 2.000 euros si abandonaba mi casa antes de un mes», explicó entonces una de las vecinas a este diario. Contó que varios vecinos dejaron el inmueble en esas fechas: «No sabemos si aceptaron el dinero o se marcharon voluntariamente. Sus casas están ya tapiadas».

Meses más tarde, en abril de 2018, llegó el primer burofax. Establecía que los inquilinos serían desalojados en cuanto venciesen los contratos de arrendamiento que cada uno tenía con la propiedad. «O nos vamos o nos suben en un 300% el coste. No podemos asumirlo», dijeron sobre su situación. Fueron víctimas del «boom» turístico que sufre el barrio y, desde el primer momento, aseguraron que lo único que querían hacer los propietarios era pisos turísticos para lucrarse. Los medios se hiceron eco del caso, que obtuvo tal repercusión que hasta el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) se manifestó. Hasta en tres ocasiones instó a España a que paralizarse de manera indefinida el desalojo de Pepi Santiago, una de las afectadas de ayer, la primera de ellas en septiembre, al considerar que no tenía ninguna alternativa habitacional.

Las órdenes del juzgado se siguieron sucediendo, paralizadas siempre por el activismo y las plataformas antidesahucios, que llegaron a acampar en varias ocasiones a las puertas. Ayer no pudieron hacerlo, agentes de la Unidad de Intervención Policial cortaron la calle de madrugada, impidiéndoles el paso y creando un cordón policial para asegurar la zona por si surgían tensiones y altercados.

La comisión judicial entró a las viviendas, ya dispuestas para que sus puertas fuesen tapiadas, a las 10.00 horas, y detuvo a seis de las cuarenta personas que se manifestaban en las escaleras de entrada para impedir el acceso de los agentes. Pepi, Juani (con una hija con discapacidad a su cargo), Rosi y Mayra (madre de tres menores, uno de ellos recién nacido) abandonaron los hogares. Ellas acusaron siempre a los propietarios de poseer un fondo buitre. Ellos, lo niegan. «Somos personas normales que debemos soportar la carga de mantener el edificio y nos enfrentamos a los reproches, mentiras e injurias de quiénes somos», indica Pedro Aguado, uno de los propietarios. Asegura que los inquilinos de Argumosa, con rentas antiguas, dejaron de pagar hace mucho tiempo y que se les avisó de la situación

Para él, las cuatro desahuciadas, que son familia, pertenecen a un «grupo organizado que controla nada más y nada menos que siete pisos del edificio» y que han encontrado una «forma de vida en la que residen de manera gratuita en el barrio por ellos escogido». Se muestra tajante al respecto de otra de las acusaciones que soporta: «No vamos a montar ningún piso turístico».

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