La próxima prueba de fuego de la Fiscalía, una treintena de nombramientos

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Consciente de que todos sus movimientos se están mirando con lupa desde su aterrizaje, el pasado enero, en la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado está teniendo un inicio de mandato discreto, en el que trata de pasar desapercibida y dejar clara su desvinculación de los asuntos que pueden estar relacionados con su anterior etapa en el Ejecutivo, que ni son ni serán pocos. Su estrategia es astuta, comentan fuentes fiscales, porque está aprovechando esta etapa de «parón» obligado que ha impuesto el coronavirus para intentar ganarse a la carrera con talante, simpatía y mano izquierda. Aunque la mayor parte de estos contactos hayan sido por videoconferencia por exigencias de guion.

Su gestión anterior en el Ministerio sí ha servido para coordinar, de puertas para dentro, la organización interna y los servicios esenciales de la Fiscalía en momentos tan complicados como han sido las semanas de confinamiento y la reanudación de la actividad en Fortuny, que el lunes tuvo que ser interrumpida otra vez por dos nuevos casos de coronavirus.

Delgado sabe que, como su antecesora, María José Segarra, tampoco ella tiene el «pedigrí» de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, y que necesita tener el apoyo y reconocimiento de la treintena de fiscales de sala que integran el Ministerio Público. Quizá de ahí su interés por haber mantenido días atrás entrevistas individuales con cada uno de ellos, a los que ha sondeado y con los que ha compartido sus planes futuros para la Fiscalía. Eso sí, todavía no se ha atrevido a enfrentarse a la junta de fiscales en pleno para poner sobre la mesa cuestiones como su interpretación de los plazos procesales en el decreto de Justicia, en el que hizo un amago de reiniciarlos tras el estado de alarma y tuvo que dar marcha atrás cuando se le pidió que unificara criterios para que todos los fiscales pudieran actuar igual en toda España, algo para lo que no bastaba un decreto. Esa interpretación suponía poner a cero el contador en las causas de corrupción y alargar el suplicio de la espera del juicio por parte de los investigados.

Aunque su posición de la nueva Fiscalía General ya se ha dejado ver en varias causas de calado, la última, ayer, al rechazar investigar a Marlaska por el cese de De los Cobos, la verdadera prueba de fuego de la exministra estará en la treintena de nombramientos que tiene que acometer. De momento ha puesto como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica a Álvaro Ortiz, quien fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que Delgado ha estado muy vinculada. Y, en una jugada maestra, ha mantenido al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como su número dos. En diciembre, cuando se jubile, ya podrá poner en ese puesto vital a alguien de su absoluta confianza.

En esa treintena de cargos figuran cinco fiscales de sala, entre ellos la plaza del jubilado Antolín Herrero y la del fiscal del «procés» Fidel Cadena, cuyo mandato está pendiente de renovación. Inspección, Menores y Tribunal Constitucional son otras de las decisiones que deberá tomar Delgado. El dictamen del Consejo Fiscal no es vinculante.

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