la medida encara el 2019 plagado de incertidumbres

La «teatral» entrada en vigor de Madrid Central el pasado 30 de noviembre, a bombo y platillo, escenificó algo más que la puesta en marcha de una medida medioambiental para el centro de la capital. Manuela Carmena dio el pistoletazo de salida a su campaña electoral con la vista puesta en el 26 de mayo, llevando a los titulares su proyecto estrella. Había que ponerlo en marcha a pesar de que no estuvieran atados todos los cabos. El pretendido «día histórico» se ha quedado, de momento, en un «impasse» en el que «reina la desinformación» y en el que solo se ha solucionado una parte de las múltiples casuísticas de los afectados. Constituidos en un colectivo que aglutina a residentes, comerciantes y transportistas, entre otros, asisten a un proceso progresivo de implantación que miran con «cautela». Dos reuniones mediante con la alcaldesa Manuela Carmena, esperan que el Gobierno de Ahora Madrid piense más allá de la elecciones. «Le hemos pedido al Ayuntamiento que, en este asunto, superen el calendario electoral», explica a ABC Vicente Pizcueta como portavoz de la Plataforma de Afectados por Madrid Central.

En este escenario, con «avances y tímidas discrepancias», aún no se puede hablar de «éxitos». «El logro fue conseguir en la reunión del 11 de octubre este régimen de provisionalidad para hacer un seguimiento de la aplicación de una norma tan compleja como confusa», asegura. Marcada la hoja de ruta, el próximo día 21 está señalado en rojo en el calendario de todas partes protagonistas. Será la fecha en la que se constituya la comisión de seguimiento encargada de examinar el funcionamiento de Madrid Central. La integrará el Ayuntamiento con la presencia de vecinos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales o expertos en salud. Algo que llegará casi dos meses después de la implementación de la medida.

Llegados a ese punto, la Plataforma de Afectados por Madrid Central se pregunta si habrá «algo» sobre lo que hacer seguimiento. «El día 21 no estarán instaladas las pantallas informativas, por ejemplo», puntualiza. Está previsto que sean instaladas en mayo para ser situadas en 17 puntos repartidos por todo el perímetro de Madrid Central. Su objetivo fundamental será informar en tiempo real del nivel de ocupación de los aparcamientos públicos y privados que ofrecen plazas por horas. Son el único motivo justificado por el que los vehículos de los no residentes –solo aquellos con etiqueta ambiental B y C– pueden acceder a esta área de 472 hectáreas sin ser multados.

Cerrada la campaña de Navidad, el 8 de enero comenzará un periodo de dos meses de prueba del sistema telemático, en el que estarán implicados dichos aparcamientos. Desde entonces, tendrán que aportar información de los espacios de estacionamiento que tienen disponibles en tiempo real. Del mismo modo, concluirá la fase pedagógica de Madrid Central retirando al medio centenar de informadores que el consistorio ha repartido por Centro. Las multas sí seguirán siendo puramente informativas hasta el 28 de febrero. A partir del 1 de marzo, si no hay cambios en los planes municipales, las sanciones se harán efectivas, acabando así la apertura en falso de Madrid Central.

Cuestiones en el aire

Aunque el proyecto de Madrid Central ha logrado, por la presión pública, adaptar algunos puntos de la normativa a las reivindicaciones de los afectados, aún quedan varias cuestiones en el aire. Por el camino, colectivos como los padres no residentes que llevan a sus hijos en coche a colegios del centro han logrado el permiso municipal para acceder. «Hemos conseguido algunos avances, pero no podemos hablar de éxitos», recalca Vicente Pizcueta. Comprometida una tercera reunión con la alcaldesa –pendiente de su recuperación, tras la operación de su tobillo derecho–, la plataforma trasladará a Carmena las preocupaciones que siguen vigentes tras la puesta en marcha del proyecto. «Sobre la mesa quedan por resolver problemas que afectan a la accesibilidad a los puestos de trabajo, al abastecimiento de los comerciantes o las compras cotidianas de los consumidores en el centro», resume «grosso modo». «Queremos garantizar que el centro de Madrid siga vivo. Las circunstancias de esta zona de la capital no son comparables a las de ninguna otra ciudad que haya impuesto restricciones al tráfico, como por ejemplo la “city” de Londres. No tiene nada que ver», destaca.

Entre tanto, las protestas específicas de algunos colectivos de afectados se siguen produciendo. La última, el pasado jueves, la protagonizaron las asociaciones y empleados de empresas de autocares de viajeros contra la «discriminación que sufren» por parte del Ayuntamiento. Reclaman a la alcaldesa, Manuela Carmena, la «apertura total de la calzada» a sus vehículos de transporte discrecional, «que estén o vayan a efectuar cualquier servicio turístico o regular de uso especial a través la Gran Vía de Madrid». También han pedido la «supresión inmediata de las prácticas de restricción del mercado», criticando la «competencia» que consideran que desde el propio Consistorio se realiza contra su labor con Naviluz y el bus exprés al aeropuerto Madrid-Barajas.

Más allá de la entrada en vigor de Madrid Central, a algunos colectivos lo que más les preocupa es el futuro. Sobre todo cuando, por ejemplo los transportistas, no puedan acceder con vehículos sin distintivo de la DGT. Según los cálculos que manejan desde sus asociaciones, la norma afectará al 90% de la flota existente y la renovación de la misma tendría un «impacto económico negativo de 1.300 millones de euros en el sector». «El Ayuntamiento no ha escuchado nuestra problemática particular. Los más perjudicados serán los comerciantes y vecinos de Madrid Central, porque el abastecimiento no está garantizado», sostiene desde hace meses Pablo Gutiérrez, presidente de la Organización Castellana de Mudanzas.

La sensación generalizada entre ellos es que Madrid Central es aún un «simulacro». Las diferencias observadas con el tráfico de cualquier día laborable reflejan «menos problemas y embotellamientos que antes». Cierto alivio para el asfalto del centro de la capital que, sin embargo, no achacan aún a la propia medida ni a la fase informativa, sin controles ni restricciones, sino al efecto disuasorio de los conductores que, ante la «confusa norma, prefieren dejar el coche en casa».

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