La Ley obliga a Conde-Pumpido a abstenerse porque opinó siendo fiscal general

La ponencia que ultima el magistrado C√°ndido Conde-Pumpido para que el TC ampare -y absuelva- a los condenados por el asalto al Parlamento de Catalu√Īa en 2011, tal y como public√≥ ayer ABC, cuenta con un factor conflictivo a√Īadido que, seg√ļn sostienen fuentes jur√≠dicas, le deber√≠a forzar a abstenerse del asunto y renunciar a firmar la sentencia. El art√≠culo 219 de la Ley Org√°nica del Poder Judicial incluye entre las distintas causas por las que un magistrado debe apartarse de resolver un asunto ¬ęhaber ocupado cargo p√ļblico, desempe√Īado empleo o ejercido profesi√≥n con ocasi√≥n de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto de pleito o causa, o en otro relacionado con el mismo¬Ľ.

Este peri√≥dico avanz√≥ ayer que Conde-Pumpido, fiscal general durante la etapa de Gobierno de Jos√© Luis Rodr√≠guez Zapatero, tiene ultimada la redacci√≥n de una sentencia con la que, a priori, pretende amparar a las ocho personas que fueron condenadas en 2015 a tres a√Īos de c√°rcel por los episodios de violencia que protagonizaron durante el asedio al Parlamento catal√°n hace ahora ocho a√Īos.

El debate sobre la procedencia o no de que Conde-Pumpido deba abstenerse en este asunto tambi√©n se ha reproducido internamente en el Tribunal Constitucional dado que no solo era el m√°ximo representante de la Fiscal√≠a cuando ocurrieron los hechos, sino que tambi√©n se pronunci√≥ p√ļblicamente tildando aquel asedio de ¬ęataque a las instituciones¬Ľ y de ¬ęactos violentos¬Ľ. Adem√°s, como fiscal general autoriz√≥ activamente el ejercicio de la acusaci√≥n contra las personas finalmente juzgadas, se mostr√≥ contrario a la absoluci√≥n que dict√≥ la Audiencia Nacional en primera instancia, plante√≥ la repetici√≥n del juicio en el tr√°mite de recursos, y aval√≥ que la Fiscal√≠a del Supremo solicitase penas de prisi√≥n para los acusados, cosa que finalmente ocurri√≥ para ocho de ellos.

Sin embargo, ahora como magistrado del TC, el criterio jur√≠dico de Conde-Pumpido parece haber cambiado. Y eso es lo que est√° generando una seria controversia interna, porque si de lo que trata la ley es de garantizar la imparcialidad del magistrado que asume el conocimiento de un asunto, en este caso, en el que Conde-Pumpido tuvo una implicaci√≥n directa como m√°ximo responsable de la c√ļpula del Ministerio Fiscal, algunas fuentes consultadas por ABC creen que deber√≠a apartarse. Con m√°s raz√≥n a√ļn, si en su d√≠a pudo quedar ¬ęcontaminado¬Ľ al sostener que la Fiscal√≠a tendr√≠a ¬ętolerancia cero¬Ľ frente a una ¬ęactuaci√≥n violenta¬Ľ que demandaba ¬ęm√°xima contundencia¬Ľ.

Precedentes

De hecho, hay algunos precedentes relevantes que podr√≠an ser aplicables al caso. En 2007, durante la etapa de Gobierno de Jos√© Luis Rodr√≠guez Zapatero, el magistrado del TC Pablo P√©rez Tremps fue recusado con la idea de que no interviniera en las deliberaciones y fallo de los recursos planteados contra el reci√©n aprobado Estatuto de autonom√≠a de Catalu√Īa. P√©rez Tremps hab√≠a participado como experto en la redacci√≥n del propio Estatuto, hab√≠a aconsejado jur√≠dicamente al respecto, y tuvo que ser apartado por sus propios compa√Īeros del TC por haber adquirido una idea preconcebida sobre los recursos de inconstitucionalidad. De alg√ļn modo, hab√≠a quedado contaminado y su imparcialidad podr√≠a haber quedado en entredicho.

Otro antecedente m√°s. En marzo de 2008, el pleno del TC estim√≥ por mayor√≠a la recusaci√≥n que hab√≠a planteado el entonces Gobierno socialista contra dos magistrados para impedir que se pronunciaran sobre el recurso que hab√≠a planteado el PP contra una reforma de la Ley Org√°nica del Tribunal Constitucional. Se trataba de Roberto Garc√≠a-Calvo (ya fallecido), y de Jorge Rodr√≠guez-Zapata (hoy magistrado del Supremo), que hab√≠an sido propuestos como magistrados del TC a instancias del PP, y que en un escrito hab√≠an expresado su ¬ęprofunda discrepancia¬Ľ con la reforma por la que el Ejecutivo de Zapatero prorrog√≥ autom√°ticamente y sine die el mandato de la entonces presidenta del TC, Mar√≠a Emilia Casas.

Ambos pidieron expresamente la dimisi√≥n de Casas y la renovaci√≥n de la presidencia del m√°ximo √≥rgano constitucional en tiempo y forma, y cuestionaron una reforma legal hecha a la medida de Casas cuando el TC deb√≠a dirimir, entre otros asuntos muy relevantes, los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Catalu√Īa. En aquella ocasi√≥n, los comentarios de Garc√≠a Calvo y Rodr√≠guez-Zapata les contaminaron, de modo que finalmente se les excluy√≥ de decidir si aquella reforma legal era o no constitucional. En un caso similar podr√≠a encontrarse hoy Conde-Pumpido, toda vez que haber expresado su opini√≥n p√ļblica sobre el intento de asalto al Parlament le podr√≠a condicionar de lleno, incluso aunque su opini√≥n actual difiera sensiblemente de la que mantuvo en 2011.

Ahora Conde-Pumpido pretende corregir la misma sentencia condenatoria que dict√≥ el Supremo contra los asaltantes, y que √©l mismo hab√≠a defendido en contra de la absoluci√≥n decretada por la Audiencia Nacional. Es algo que en el seno del TC, y tambi√©n del Supremo, algunas fuentes consultadas consideran un cambio de criterio ¬ęinexplicable¬Ľ. Lo que antes no era sino un acto de violencia que merec√≠a reproche y sanci√≥n penal, seg√ļn Conde-Pumpido, ahora es un acto de reuni√≥n c√≠vica amparado en una leg√≠tima protesta pol√≠tica. La propuesta de sentencia de Conde-Pumpido apunta ahora a que el asalto a la instituci√≥n parlamentaria, inserta en el contexto de protesta social en que se produjo, est√° objetivamente conectado con el ejercicio normal de un derecho fundamental, y por eso considera anulable la misma sentencia del Supremo que como fiscal defendi√≥.

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