La ley de Podemos que vacía las diputaciones no convence al PSPV

El desmarque de Podemos para llevar un discurso propio en torno a la supresión de las diputaciones ha propiciado la presentación en las Cortes Valencianas de una ley de vaciado de competencias que todavía habrá de intentar consensuar con sus socios del pacto de Gobierno autonómico (PSPV y Compromís). La proposición, de tres folios -cinco artículos y tres disposiciones-, se basa en lo establecido en el Estatuto de Autonomía y plantea que la Generalitat recupere aquellas competencias propias que en la actualidad ejercen las corporaciones provinciales. Concretamente, menciona Infraestructuras, Turismo, Cultura y Deporte, Educación, Salud y Bienestar Social, Medio Ambiente, Empleo, y Seguridad y orden público.

Será la Generalitat la que determine qué competencias propias y exclusivas ejercerá directamente y cuáles y en qué régimen delegará en las entidades locales. Esta cesión se hará siempre se forma expresa, según recoge la ley de Podemos. Respecto a aquellas competencias que la legislación estatal atribuye a las diputaciones, la norma busca marcar «unos criterios objetivos y claros sobre cómo ejecutarlas».

Para hacer todo ello efectivo, se prevé la creación de una comisión de transferencias creada por la Generalitat y con presencia de las diputaciones afectadas en cada caso que se encargará de ese traspaso competencial y que, según la norma, «se hará siempre respetando los derechos que puedan corresponder al personal funcionario y laboral».

Durante la rueda de prensa de presentación, el portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Estañ, y la diputada Cristina Cabedo, han defendido la proposición como una herramienta para eliminar «la forma partidista en que se han venido adjudicando planes de obras y desarrollando infraestructuras que muchas veces no tenían sentido y venían marcados por quién tenía el ayuntamiento de turno». En este sentido, han señalado que se trata de una ley «muy simple y concreta» que desarrolla lo que dice Estatuto y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ante los fallidos decretos del Consell sobre turismo y deportes y «elimina los problemas jurídicos al simplificar la ordenación de competencias».

La norma no detalla, sin embargo, qué ocurriría exactamente con el personal de las diputaciones ni con el presupuesto. Estañ ha explicado que será el Estado el que lo seguirá transfiriendo a las corporaciones para las competencias que mantenga y la Generalitat recibirá las transferencias correspondientes a las que asuma, como ocurre en las comunidades uniprovinciales.

Sin debate

El texto será registrado oficialmente el lunes para que el resto de grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones y conseguir así el apoyo de la mayoría de la Cámara. Pero no queda claro que éste se vaya a dar. Con la intención de que pudiera salir adelante en la presente legislatura, Podemos aboga por una tramitación por lectura única (es decir, por vía rápida sin debate ni presentación de enmiendas). Mientras Compromís parece que en primera instancia podría dar su voto favorable -negociando alguna aportación-, en el PSPV ofrecen mayor resistencia.

Fuentes socialistas muestran sus dudas sobre la forma de aplicarla en aspectos concretos como precisamente saber qué ocurriría con el presupuesto. «Estamos a favor de suprimir las diputaciones, pero no es una competencia nuestra sino del Estado y requiere modificar la Constitución. Tal y como está planteada la proposición es difícil que demos el apoyo», señalan.

Además, recuerdan que el funcionamiento habitual a lo largo de estos tres años y medio de pacto de Gobierno ha sido el de presentar iniciativas conjuntas entre los tres partidos después de muchas negociaciones y no de forma unilateral como ha hecho Podemos. Por ello, prefieren que las modificaciones se incluyan antes de registrar la ley y no después.

Ls postura oficial llegó con el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar: «Nno hay competencias innegociables ni instituciones sagradas, pero cualquier cambio debe realizarse con una reflexión y consulta previa a sus usuarios, los alcaldes».

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