La Junta agilizará la movilidad de funcionarios para probar que la sentencia «no frena nada»

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, trasladó ayer a ABC su compromiso de «agilizar» la resolución del «esperado» de concurso de traslados abierto y permanente de funcionarios para que sea una realidad «mucho antes» de la fecha prevista -finales del mes de marzo-. Es la respuesta del también consejero de la Presidencia tras conocerse hace unos días dos sentencias que anulaban el catálogo de puestos fijo de personal funcionario de la Administración General de la Comunidad y que, según reiteró, «no paraliza nada» porque «simplemente se dice que han fallado las formas y que falta motivación en el acuerdo» pese a que «los principales sindicatos votaron a favor y no sé qué motivación puede haber mejor que esa».

Tras insistir en que tanto el concurso como las «rpt» (relaciones de puestos de trabajo) y las oposiciones convocadas «no están afectadas» por este fallo judicial -algo que se trasladó ayer en la página web interna de los empleados públicos-, De Santiago-Juárez adelantó también a este periódico que desde su departamento ya han hablado con las organizaciones sindicales que dieron hace poco más de un año su visto bueno al catálogo -UGT, CC.OO., CSIF y FSES- para informarles de que «el paso a seguir» ahora es el de «volver a aprobar el catálogo lo más rápidamente posible» y con las indicaciones que se especifican en la sentencia. Al respecto, ya aventuró que «con el apoyo de los sindicatos no va a costar nada» su reelaboración -incluyendo los informes, las memorias y las fórmulas que cita el TSJ-.

En todo caso, la Junta sigue estudiando el auto para decidir si lo recurre, aunque el vicepresidente consideró que «tenemos que ir más allá» y trabajar «de inmediato» con los «representantes de los trabajadores».

De Santiago-Juárez quiso recordar que el catálogo ahora cuestionado se hizo para «modernizar la función pública» y como paso previo «obligado» tanto para acometer las relaciones de puestos de trabajo (rpt) pendientes -«algunas no se habían tocado en los últimos 30 años»- como para convocar un concurso «al que se han sumado más de 6.000 personas». En su opinión, «hemos dado un gran paso» con una negociación «que nunca se había hecho en España. Nos miraban de reojo y ahora nos la piden», defendió el consejero, que insistió en que había plazas «de cuando ni existían los ordenadores».

Sobre el concurso de traslados, defendió que era «la opción» para que los funcionarios pudieran «ejercer su derecho», que es el de «concursar para mejorar de puesto o para cambiarse de ciudad» y «hemos conseguido que ahora habrá uno todos los años», algo que «en ninguna comunidad se ha podido hacer».

Ante este escenario, el juez dice que «el catálogo no está motivado y yo no quiero juzgar al tribunal y decir que se ha equivocado o no, pero los propios sindicatos destacan que se acordó tras una negociación larga y farragosa -así aparece recogido en el acta de la reunión de la Mesa de la Función Pública en la que se votó su aprobación-».

En aquella reunión definitiva celebrada el 25 de julio de 2017, UGT expresó por ejemplo que «se han conseguido eliminar los niveles mínimos, dotar de más plazas de concurso ordinario y reducir las de libre designación». Mientras, Comisiones Obreras trasladó que «es justo reconocer que ha habido avances que hacen posicionarse al sindicato a favor de esta propuesta».

Al respecto, lamentó que la «habitual judicialización» de estos asuntos, que consideró algo «legítimo» y que «son riesgos que corres incluso cuando cuentas con el aval de los sindicatos que el juez ha considerado insuficiente».

Preguntado sobre si se arrepiente de haber aprobado un catálogo que ha sido recurrido por varios colectivos -letrados, higienistas, el sindicato Uscal,…-, De Santiago-Juárez defendió que en política «hay que estar para hacer» y en este caso «he intentado hacer todo lo posible por mejorar el bienestar de los funcionarios». Así, recordó que los trabajos arrancaron al principio de la legislatura marcando «una hoja de ruta que hemos ido cumpliendo» y se mostró orgulloso de haber conseguido «pactar» con lo «complicado que es que un sindicato te vote a favor en un asunto como éste».

Sobre el temor a nuevos recursos y a los efectos que podría provocar, reconoció que «no me producen satisfacción y prefiero que no los haya, pero tampoco me quita el sueño. Lo único que me preocupa de verdad es que se culmine con éxito un concurso que nunca había sido tan amplio y que debo insistir en que no está paralizado». En el caso de que se recurra -CSIF lo ha hecho- alguna de las numerosas «rpt» que se han aprobado desde que el catálogo entró en vigor y que el juez las anule, el consejero de la Presidencia ya auguró que no sería ningún problema «porque se pueden modificar si es necesario».

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