La Junta acusa a Tudanca de «someter a la Comunidad a un chantaje en toda regla»

La Junta sigue adelante en su ofensiva por reclamar el pago de los 440 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad correspondientes a las entregas a cuenta y la liquidación del IVA, partidas que hace meses que deberían estar abonadas. Una reclamación que no fue bien asumida por el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quien esta semana invitó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a convencer al PP para que vote a favor o se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La sugerencia del líder socialista no ha sentado precisamente bien en el Gobierno autonómico, cuyo vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, calificó ayer de «un chantaje en toda regla».

El número dos del Ejecutivo regional no escatimó en calificativos para referirse a la ocurrencia de Luis Tudanca, que tachó de «incomprensible, indignante e inaudita» al intentar «dar por bueno y justificar que se quiera someter a un chantaje a los castellano y leoneses». «Es sorprendente que ponga el interés de su partido por delante de los ciudadanos de Castilla y León», insistió Igea, quien, además, criticó el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «se dedique a reunirse con asociaciones y plataformas -sólo le faltan las Clarisas- y no con quien le puede dar una mayoría parlamentaria». Es más, a su juicio, lo que realmente está haciendo es «dedicarse a preparar su programa electoral».

Según Francisco Igea, la falta de esa partida de 440 millones de euros que debería haber transferido la Administración central impide que la Comunidad pueda afrontar nuevas inversiones o hacer frente a actuaciones como del desarrollo de la carrera profesional, que tendría un coste anual de 75 millones de euros, o la reducción de la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas semanales. «Los 440 millones nos permitirían hacer cosas que ahora no podemos hacer», insistió Igea, sobre la base de que «queremos mantener una política sensata, no de austeridad, pero sí de no aumentar el déficit porque se acaba pagando», confesó Igea.

Choque institucional

El vicepresidente del Gobierno también criticó la presencia en las últimas semanas en la Comunidad de ministros del Gobierno de España «que no han tenido el decoro o la buena educación de informar a los consejeros del ramo de su presencia», por lo que, anunció, manifestará su malestar a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín. La representante del Gobierno en la Comunidad no tardó en contestar a Igea para pedirle el debido «respeto institucional» y reprocharle que en la Delegación del Gobierno no se haya recibido «ni un saluda o una comunicación oficial del presidente de la Junta». Además, consideró «hosco, disciplente y sobrado» su tono como vicepresidente.

Mientras, en un papel más institucional, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se refirió ayer también a la deuda de los 440 millones de euros que el Estado tiene contraída con Castilla y León y asumió que, al no llegar esas transferencia, hay «dificultades», pero matizó que la Comunidad no está en «una situación tan complicada» como las autonomías que aprobaron sus presupuestos con una previsión de ingresos que no han recibido. Fernández Mañueco, en declaraciones previas a su tradicional asistencia a la comida de hermandad del PP de Segovia, calificó de «acertada» la decisión del Ejecutivo saliente de Juan Vicente Herrera de prorrogar los presupuestos de 2018, pese a que en su momento fuera criticado por la oposición, en especial por el PSOE, porque de esa manera no se realizó una previsión de ingresos adicional.

En relación a la posibilidad de que pueda haber recortes por la Junta en caso de que el Gobierno no libere los 440 millones de las entregas a cuenta y de la liquidación del IVA de 2017, el presidente afirmó que habrá que esperar a ver la evolución de los ingresos antes de tomar decisiones.

El presidente de la Junta, que envió una carta a Pedro Sánchez para que transfiera a las comunidades la asignación correspondiente del modelo de financiación autonómica y reclamó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se dé una solución, calificó de «excusa» el informe de la Abogacía del Estado al que se acoge el Ministerio de Hacienda para no liberar los fondos, informa Ical. «En otros tiempos se hacía, incluso con el PSOE», anotó en relación a que el Gobierno en funciones no puede tomar esa decisión, a la vez que recalcó que se trata de unos recursos para garantizar los servicios públicos de las personas.

Por su parte, la concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid y exconsjera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, instó a la ministra, María Jesús Montero, a que deje de «hurtar dinero a los ciudadanos de las comunidades para cubrir la sanidad y la educación en base a informes jurídicos que antes no existían».

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