La Guardia Civil reclama una reagrupación de los cuarteles de las zonas rurales

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) propuso este miércoles la reorganización de los cuarteles en Castilla-La Mancha, con 40 efectivos por unidad, para avanzar hacia un modelo «más operativo». Esta medida, propuesta por el portavoz nacional de AUGC, Juan Fernández y el secretario federal del sindicato en Castilla-La Mancha, Francisco Javier García, supondría el cierre de entre un 25 y un 30 por ciento de los acuartelamientos que hay en las zonas rurales de la región.

En su lugar, desde el sindicato de guardias civiles proponen la presencia de una patrulla uniformada durante las 24 horas del día en aquellas localidades cuyo cuartel se cierre. Con esta decisión «se daría una respuesta más eficaz y rápida» a los avisos, ya que, según apuntó el portavoz, el tiempo medio de espera es de 30 minutos.

Añadió que la «España vaciada» es un problema también para la calidad de vida de los agentes por falta de servicios básicos como hospitales, guarderías…. prefiriendo otros destinos donde no se vean mermadas sus necesidades. «La regresión demográfica cada vez es mayor, a pesar de ello, la Guardia Civil está presente en el 85% del territorio nacional pero el plan de modernización anunciado por los gobiernos no llega y cada vez, la regresión demográfica es mayor».

El secretario regional del sindicato detalló que en Castilla-La Mancha hay 239 acuartelamientos de seguridad ciudadana, de los cuales solo 17 abren las 24 horas del día los 365 días del año. Esto se traduce en que solo el 7% de los cuarteles están abiertos a los ciudadanos, «una realidad que solo se da en este cuerpo policial», dijo.

Por provincias, Albacete tiene tres cuarteles que abren todos los días en horario ininterrumpido, Ciudad Real, dos; Cuenca, dos, Guadalajara, uno y Toledo, nueve, siendo la zona de La Sagra la que concentra un mayor número abiertos en localidades como Illescas, Seseña y Valmojado.

El catálogo de efectivos guardias civiles actualmente en la comunidad autónoma es de aproximadamente 4.800, cuando la cifra necesaria sería, al menos, de 5.500. «Se necesitarían 1.200 efectivos más para cubrir todas las necesidades», dijo.

Esta carencia implica que incluso se haya dado recientemente el caso de localidades que hayan tenido que contratar seguridad privada para sus fiestas patronales, como es el caso del municipio toledano de Layos.

Equiparación salarial

En cuanto a la equiparación salarial, el portavoz nacional del sindicato denunció que el Gobierno en funciones, liderado por Pedro Sánchez, ha incumplido de manera «unilateral» el acuerdo sobre equiparación salarial. El objetivo de este convenio —firmado en marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y las organizaciones policiales— era superar «una discriminación» entre las retribuciones de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de los cuerpos autonómicos», además de impulsar la modernización de las mismas.

Como incumplimientos, la asociación enumeró el convertir la cantidad estimada inicialmente de 807 millones de euros en la cantidad máxima de la equiparación salarial. «Han desoído a la consultora externa e incluso, a su propio partido, que cifraba la cuantía en 985 millones de euros», añadió Fernández. De estos, 807, el 41% va destinado a la Policía Nacional y el 59% a la Guadia Civil, es decir, 476 millones, cuando a juicio del portavoz, harían falta 275 millones más para llegar a los 751 millones que necesita el Cuerpo.

Por otro lado, se ha referido a al incumplimiento de la cláusula de implementación presupuestaria de 100 millones de euros anuales para la reincorporación de guardias civiles en reserva sin destino. Con estos agentes se podrían reforzar las unidades con competencias para combatir la violencia de género y prestar protección, ayuda y auxilio a las víctimas en el ámbito familiar encuadradas en el sistema VioGen.

En Castilla-La Mancha hay 3.276 casos activos de violencia de género, de los cuales 1.281 necesitan protección policial. «Estamos desbordados y no se puede proteger a todos como se merecen. La solución pasaría con aplicar esta cláusula para contar con un mayor número de agentes», sentenció.

En la región hay 3.276 casos activos de violencia de género, de los cuales 1.281 necesitan protección. «Estamos desbordados», dicen desde el sindicato

Las cárceles de la Comunidad también sufren las consecuencias de la falta de personal. Con la aplicación de esta disposición, también se podrían sustituir los 900 vigilantes privados que hay en los centros penitenciarios del país por guardias civiles en esta situación de reserva sin destino, una medida que consideran «eficiente» y que «ahorraría gastos al Estado por la cantidad de 264 millones de euros».

Fernández detalló que en la región hay seis centros penitenciarios gestionados por la empresa de seguridad Ombuds que está «en quiebra y no paga a sus trabajadores» por lo que, estos trabajadores no acuden a su puesto de trabajo y son los agentes de la Benemérita los que tienen que cumplir con sus funciones «desatendiendo otras».

Por último, denunció la «brecha sociolaboral» que existe entre los guardias civiles y los policías. Para ello, el sindicato propone la regulación de la jornada laboral «al ser el único Cuerpo» que no tiene establecido turnos de trabajo, lo que hace «practicamente imposible» conciliar la vida familiar y laboral. A su juicio, esta situación sería la causa de que tan solo el 7% sean mujeres. Asimismo, pidió la reordenación del complemento retributivo de productividad «para compensar los sobreesfuerzos que conlleva la prestación del servicio».

Finalmente, el portavoz sindical nacional, quien reconoció que «la Guardia Civil es el cuerpo de seguridad peor tratado por las administraciones, dicho que ya han hecho llegar al Ministerio «miles de instancias refrendadas por los guardias civiles» y anunció que se van a convocar concentraciones frente a instituciones en todas las comunidades, con el apoyo de agentes sociales, además de llevar a cabo «una gran manifestación» en Madrid, si el Gobierno entrante no atiende estas reivindicaciones después de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

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