La Guardia Civil detiene a 22 personas en Alicante por edificar en terrreno no urbanizable protegido

La Guardia Civil de Alicante, mediante agentes del Seprona, ha llevado a cabo un total de 31 inspecciones en la provincia para detectar posibles irregularidades en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Como resultado, se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio y se ha realizado numerosas denuncias administrativas, cuyos importes oscilan entre los 300 euros, la más leve y el millón y medio de euros, la más grave de ellas, ha informado la Benemérita en un comunicado.

En los últimos meses se ha venido desarrollando diversos operativos en municipios de la provincia de Alicante, por parte de la Sección del Seprona de la Guardia Civil de Alicante, para comprobar el correcto cumplimiento de la legislación que regula la Ordenación del Territorio y el Urbanismo.

Para ello, los agentes del Seprona han realizado vuelos en helicóptero por toda la provincia, junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, y ha llevado a cabo un total de 31 inspecciones para la investigación de la comisión de posibles delitos contra la ordenación del territorio, así como también, para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con urbanismo.

Mediante estas inspecciones, se ha podido comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y territorial aplicable, descubriendo igualmente, la existencia de una serie de edificaciones/construcciones que, por su situación actual y aspecto exterior, parecían recientes y no legalizables.

Diez localidades afectadas

Las localidades afectadas son Hondón de los Frailes, Confrides, Benifato, la Vila Joiosa, Pilar de la Horadada, Callosa d’en Sarrià, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Petrer y la ciudad de Alicante.

Tras un análisis minucioso de la casuística de cada una de las diferentes situaciones encontradas, se ha verificado que dichas edificaciones estaban ubicadas en terreno clasificado como no urbanizable protegido, ámbitos protegidos de la Red Natura 2000, concretamente de Lugares de Importancia comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

GUARDIA CIVIL

Como resultado de estas irregularidades observadas, se ha puesto a disposición judicial a un total de 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo.

Además, se han realizado numerosas denuncias administrativas a las Leyes de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de Vías Pecuarias y de Aguas.

Los importes de dichas denuncias van de los 300 a los 3.000 euros, si la infracción es leve, de los 3.001 a los 30.000 euros, si la infracción es grave y de los 30.001 al millón y medio de euros, si ésta es considerada muy grave.

Por todo ello, se ha solicitado a la autoridad competente el requerimiento de incoación de expediente de reposición de la legalidad urbanística y restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de las actuaciones ilegales.

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