La Fiscalía pide archivar la causa contra Montón por su máster en la URJC

La Fiscalía Provincial de Madrid ha informado en contra de abrir una investigación contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con su título de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tras una denuncia anónima.

En su escrito, de poco más de un folio y que no es vinculante, el Ministerio Público traslada a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no ve indicios de delito en la obtención del máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la exministra en 2010-2011 y cuyas presuntas irregularidades motivaron su dimisión.

«No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, directora del máster, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada», dice la fiscal.

La jueza abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación – los mismos por los que pidió al Supremo que investigara al presidente del PP, Pablo Casado – tras una denuncia anónima que llegó al juzgado.

Dicha denuncia relata que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía, lo que para la fiscalía «carece de relevancia penal» y que «incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito».

Otra cosa distinta, matiza, es la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que aprobó el referido trabajo.

Respecto a los cambios en las notas y convalidaciones, el ministerio público tiene claro que «son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se les puede achacar» y que «los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster».

Y aun considerando que hubiera trato de favor, lo que encajaría en el delito de cohecho impropio, la fiscalía dice que estaría prescrito por ocurrir los hechos en el curso 2010-2011.

Según el escrito, los correos electrónicos solicitados por la jueza ponen de manifiesto que la exministra «se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas, así como un interés por superar las asignaturas».

Y es en esos correos donde «se distinguía entre aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el máster sin acudir a las sesiones que se impartían».

Al margen del escrito de la fiscalía, la jueza solicitó a la universidad que le remitiera toda una serie de documentación en relación al máster de la exministra como la identidad del director del título de posgrado y también del responsable del Instituto de Derecho Público en el curso 2010-2011, cargo que ostentaba el principal imputado del caso máster, Enrique Álvarez Conde.

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