La demolición de los dos rascacielos ilegales de Benidorm costará 180 millones

La demolición de los dos rascacielos conocidos como «los Gemelos» de Benidorm tendrá un coste de 180 millones de euros entre la delicada operación de derribo y las indemnizaciones a los propietarios de los 168 apartamentos de lujo que, hace una década, se vendieron a entre 400.000 y 700.000 euros, o incluso a un millón de euros, en algún caso.

La estimación del gasto necesario para echar abajo estas dos torres de Punta Llisera, de 22 plantas de altura, la ha calculado este viernes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, aunque falta entrar al detalle, ya que cada residente afectado tendrá derecho a percibir un 20% más de lo que pagó en la compra.

Una residente afectadaJUAN CARLOS SOLER

La mayoría son extranjeros, obviamente con alto poder adquisitivo, algunos de ellos rusos, que ya residían allí cuando en 2012 se produjo la sentencia condenatoria que obligaba al derribo -que fue recurrida por la Generalitat Valenciana hasta el fallo definitivo de ahora en el Tribunal Supremo- y se encontraron en una situación incomprensible, con una vivienda ilegal.

Tapar las vistas

El problema legal origen de este despropósito de grandes dimensiones -nunca mejor dicho, por la altura de las torres- radica en que los bloques invaden una zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre, un espacio en el que no se puede edificar.

No obstante, quienes pusieron la lupa en esta infracción -al parecer, tan solo unos metros- fueron los vecinos de otra torre de apartamentos de gran altura situada justamente detrás de «los Gemelos», a quienes no les hizo gracia que el coloso doble les tapara las vistas envidiables que tenían del Mediterráneo desde la ayalaya rocosa junto a la Playa de Levante, la más concurrida de la capital de la Costa Blanca.

Ahora, la Conselleria tiene tres meses para valorar las viviendas afectadas y presentar el proyecto de demolición, un derribo que teme que “será muy complicado”, teniendo en cuenta la afección a su entorno natural, con la Serra Gelada detrás de los edificios y un banco de posidonias en el mar, en la parte de delante. Además, hay viviendas cercanas, ha recordado.

Según Salvador “esto viene de hace muchísimo tiempo. El problema que aquí hubo un gobierno de la Generalitat que validó esa obra y un municipal en Benidorm que dio una licencia de obra sabiendo perfectamente donde estaban dando esta autorizaciones”, ha concluido.

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