La Corte Suprema y el riesgo pa铆s

La ley 24.390 de 1994, conocida como del dos por uno, dispuso que luego de transcurridos dos a帽os de prisi贸n preventiva, deben computarse dos d铆as de prisi贸n por cada d铆a de encarcelamiento cautelar. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia resolvi贸, en el caso Mui帽a, que tambi茅n frente a un delito calificado como de lesa humanidad correspond铆a hacer ese c贸mputo, ya que la ley no preve铆a tal excepci贸n. Por el voto de la mayor铆a, se resolvi贸 el “dilema moral que plantea en el juzgador la aplicaci贸n de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad”, para concluir que “el dilema debe ser resuelto con la estricta aplicaci贸n de la Constituci贸n y las leyes”, seg煤n el voto de Horacio Rosatti. Sin embargo, como se帽alamos en una opini贸n editorial anterior, se desat贸 de inmediato una intensa campa帽a medi谩tica contra el fallo, incluyendo marchas, escraches y amenazas contra los jueces de la Corte. Esto motiv贸 que las dos c谩maras del Congreso buscasen una soluci贸n pol铆tica que tendiese el puente de plata para revertir aquella jurisprudencia. As铆, se dict贸 la ley 27.362, que estableci贸 una interpretaci贸n eufem铆sticamente llamada “aut茅ntica” del art铆culo 7掳 de la ley 24.390. Se limit贸 de tal modo la aplicaci贸n del dos por uno en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio o cr铆menes de guerra.

El 4 de diciembre 煤ltimo, la Corte se expidi贸 en un caso similar (Rufino Batalla) y modific贸 el criterio del caso Mui帽a, bas谩ndose precisamente en la nueva ley 27.362. Muchos interpretar谩n, no sin raz贸n, que los jueces parecieron cambiar de opini贸n ante la reacci贸n social, aparentemente mayoritaria, por el fallo Mui帽a. En otras franjas de la sociedad se manifest贸 una posici贸n distinta. Al pretender justificarse en funci贸n de la nueva ley, los dos ministros del tribunal que modificaron su criterio introdujeron una novedad controvertible en la jurisprudencia de la Corte: admitieron la posibilidad de dictar leyes penales retroactivas cuando el Congreso las denomine “interpretativas” de otras penales anteriores, aunque fuesen tan antiguas como la ley del dos por uno. En rigor, no hab铆a mucho para interpretar, ya que lo que hizo la supuesta norma interpretativa del Congreso fue modificar el alcance de una norma anterior a fin de excluir del beneficio del dos por uno a los procesados por delitos de lesa humanidad, con lo cual no quedaba resquicio para sostener su aplicaci贸n retroactiva.

El 煤nico magistrado que no modific贸 su opini贸n fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. En su solitaria disidencia, no poco valiente dados los ecos callejeros que hab铆a suscitado la cuesti贸n, Rosenkrantz reconoci贸 que la reacci贸n social que motiv贸 el dictado de la ley 27.362 hab铆a expresado tanto el legado del “nunca m谩s” como el objetivo social de no claudicar en la persecuci贸n de delitos de lesa humanidad. Nadie podr谩 discutir que es ese un noble objetivo que el presidente del alto tribunal verdaderamente encarna. Pero, claro, para Rosenkrantz no cualquier modo de poner en pr谩ctica ese compromiso de estatura hist贸rica es necesariamente respetuoso de la Constituci贸n nacional. Sostuvo as铆 que “la Constituci贸n nos exige extender las garant铆as que consagra -como el principio de irretroactividad de la ley penal- a todos por igual” y que apartarnos de sus mandatos “pone en peligro el mejor, pero a la vez el m谩s fr谩gil, arreglo institucional que se ha inventado para que gente que est谩 en desacuerdo acerca de muchas cuestiones pueda aspirar a convivir”.

La Argentina vivi贸 muchas situaciones extremas. Tambi茅n, crisis econ贸micas profundas que llevaron a decretar medidas de emergencia, con mayor o menor justificaci贸n, que afectaron tanto derechos constitucionales de los ciudadanos como la seguridad jur铆dica, clave para las inversiones.

Durante el gobierno de Frondizi, en 1962, se pagaron los sueldos p煤blicos con bonos, mientras que el de Illia anul贸 los contratos petroleros y dispuso la primera pesificaci贸n de ahorros en bancos (1964). En 1973 se dispuso la nacionalizaci贸n de dep贸sitos y una artiller铆a de controles de precios y de cambios que culminaron con el Rodrigazo, de 1975. Para paliar los efectos del abandono de la “tablita cambiaria” (1981), Cavallo estatiz贸 como presidente del Banco Central la deuda privada, en 1982. Las necesidades fiscales llevaron a Alfons铆n a adoptar el Plan Austral, en 1985, con su desagio y default unilateral. Y, en 1987. dispuso el “ahorro forzoso”, que no pudo detener la hiperinflaci贸n de 1989. Menem oblig贸 a canjear dep贸sitos por bonos (Plan Bonex, 1989) y declar贸 la emergencia econ贸mica. De la R煤a dispuso el “corralito” en 2001 y sus sucesores aplaudieron en el Congreso el default, el abandono de la convertibilidad y la pesificaci贸n asim茅trica. Durante la gesti贸n kirchnerista, se estatizaron los ahorros de las AFJP (2008), se estableci贸 el cepo cambiario (2011) y se confisc贸 YPF (2012).

En ese contexto de sucesivas crisis, no es de extra帽ar que haya habido una explosi贸n de litigiosidad en todos los 谩mbitos, de lo contencioso y comercial a lo laboral, pasando por las jubilaciones y los pleitos contra el Estado derivados de emergencias y regulaciones abusivas, atestando los tribunales y provocando presiones sobre la Corte para validar decisiones arbitrarias. Sabemos lo que esto cost贸 al pa铆s en tribunales del extranjero.

Todas esas normas de excepci贸n, violaci贸n de contratos, alteraci贸n de reglas, conforman el marco institucional que los inversores argentinos y extranjeros consideran cuando eval煤an las condiciones para construir f谩bricas, tender caminos, emplear gente o prestar dinero a la Argentina o a sus empresas. Es el sustrato del llamado “riesgo pa铆s”, 铆ndice que ha vuelto a crecer en los 煤ltimos d铆as, luego de conocerse otro controvertido fallo de la Corte, firmado por tres de sus integrantes, por el cual se conden贸 al Estado nacional a pagar 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis por la detracci贸n de fondos coparticipables para financiar a la Anses entre 2006 y 2015.

Los poderes pol铆ticos suelen moverse de acuerdo con las necesidades del corto plazo, tanto buscando el aplauso inmediato como trasladando costos a las generaciones siguientes. Por ello, la Corte es la 煤nica instituci贸n que tiene capacidad de actuar como quilla y tim贸n para que la Argentina mantenga el rumbo respetando las instituciones que aseguran la forma republicana de gobierno y las garant铆as constitucionales que devienen para todos los ciudadanos, sin distinci贸n.

La reconstrucci贸n de las instituciones y la recuperaci贸n de la confianza son el mayor desaf铆o que el pa铆s deber铆a asumir como pol铆tica de Estado. Sin ellas no habr谩 pan, ni trabajo, ni educaci贸n, ni salud, ni seguridad, ni futuro. La Corte es la piedra fundamental de la credibilidad y toda su estructura institucional reposa sobre la solidez de sus fallos, en tanto sus efectos son por dem谩s relevantes al condicionar nuestro futuro como Naci贸n.

De ah铆 la relevancia del voto, por as铆 llamarlo testimonial, de Rosenkrantz en el pronunciamiento de diciembre, en uno de los temas todav铆a m谩s sensibles, pero a prop贸sito de los cuales los argentinos con templanza de car谩cter se definen por sus propias ideas aunque deban enfrentarse con la intolerancia de los que alientan un pensamiento 煤nico.

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