La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez extraditar al informático Falciani

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Suiza a Hervé Falciani, el informático que permitió perseguir a numerosos defraudadores fiscales al sustraer datos de la filial suiza del banco británico HSBC. La Audiencia Nacional, que ya rechazó entregar a Falciani en 2013, considera que los hechos por los que ha sido condenado en Suiza no son delito en nuestro país.

En un auto dictado el 17 de septiembre, la sección segunda de la Sala de lo Penal argumenta que su decisión de 2013 se mantiene vigente y «produce efectos vinculantes» para posteriores demandas basada en los mismos hechos contra el informático, condenado en Suiza por el delito de espionaje industrial. La lista con los datos que Falciani sustrajo de cientos de miles de evasores fiscales del banco HSBC ha sido avalada por el Tribunal Supremo para ser utilizado como prueba en los juicios por delitos fiscales.

La Audiencia Nacional ya denegó la entrega en marzo de 2013 al considerar que su actividad no supone delito en España, donde no existe el secreto bancario. La única diferencia desde entonces es que Falciani, que entonces solo era acusado, ya está condenado en firme en Suiza, en una sentencia del 2 de mayo de 2016. El rechazo a la entrega provocó un conflicto con Suiza, donde ahora se encuentran fugadas los procesadas por el plan independentista ilegal Anna Gabriel y Marta Rovira.

Al rechazar la extradición por segunda vez, la Audiencia Nacional recuerda la primera petición y explica que no se cumple el principio de doble incriminación, necesario para acordar la entrega del informático. Según los magistrados, la ley española carece de un tipo delictivo que se corresponda con el «espionaje financiero agravado», que persigue el intento de acceder o descubrir el secreto. La normativa española, explican, ubica el reproche penal en la «difusión o revelación» del secreto, algo que quedaría descartado en el caso de Falciani porque la «única divulgación efectiva» que hizo fue hacia las autoridades judiciales y fiscales de los diferentes Estados, como quedó corroborado en un informe de la Fiscalía Anticorrupción.

La Sala de lo Penal también explica que una decisión contradictoria con la dictada en 2013 lesionaría el principio de seguridad jurídica, que se sustenta en la previsibilidad de las decisiones judiciales y las normas, y el carácter de cosa juzgada de decisiones firmes, lo que aporta confianza a los ciudadanos. La defensa de Falciani invocó este principio al rechazar la extradición. En la última vista, la Fiscalía se opuso a la entrega del informático, a pesar de que pidió su ingreso en prisión cuando fue arrestado en abril.

Gracias a la colaboración de Falciani, la Agencia Tributaria presentó una denuncia que derivó en numerosas actuaciones contra en torno a 600 defraudadores fiscales en España, investigados en la Audiencia Nacional y otros juzgados, dando lugar a la mayor revalorización tributaria de España.

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