La Audiencia de Lugo le archiva a De Lara su causa contra Orozco por la adjudicación de la grúa

Una causa menos contra el exalcalde de Lugo, José López Orozco. La Audiencia Provincial acaba de decretar el sobreseimiento provisional de la pieza que Pilar de Lara mantiene abierta sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de grúa en la capital lucense, pero solo en lo que se refiere a la persona del exregidor. La Sección 2ª de la Audiencia resuelve así favorablemente un recurso de la defensa de Orozco, y sintoniza además con la postura mantenida por la Fiscalía, que antes del verano ya solicitó el archivo de estas actuaciones.

Los magistrados de la Audiencia desmontan uno por uno los argumentos de Pilar de Lara para mantener imputado al exalcalde. Según la instructora, el elemento más sólido que probaría el cobro de mordidas por parte de Orozco eran unas declaraciones de José Luis Álvarez, administrador de Cechalva, la empresa concesionaria. Sin embargo, la Sala considera que su testimonio no es de primera mano sino que le viene referido por una tercera persona, «sin que él de manera directa pueda dar referencia alguna que sustente la intervención» del exalcalde lucense.

Álvarez, además, «fue modificando su creencia y orientando más ese destino [de las comisiones]» al concejal de economía, Francisco Fernández Liñares. Este, uno de los principales acusados en la rama lucense de la trama Pokemon, reconoció que cobraba entre 1.500 y 1.000 euros mensuales en mordidas de esta concesionaria.

Estima también la Audiencia que «la investigación sobre el patrimonio» de Orozco «no refleja ningún incremento digno de mención». Por tanto, considera que «ningún otro dato avala que el destino real» de los sobornos «fuese la persona de Orozco», más allá de una declaración a la que no dan fiabilidad.

Ni regalos, ni tráfico de influencias

Tampoco consideran los magistrados que haya rastro de trato de favor de Orozco por supuestamente permitir irregularidades en la licencia de apertura del depósito de coches —«tenía delegadas esas atribuciones»—, ni su voluntad era permeable por la recepción de regalos por parte de la adjudicataria —limitan un obsequio de 174€ a mero «regalo de cortesía»— ni tampoco de tráfico de influencias por instar a la concesionaria a entrevistar a determinados candidatos.

Sobre este último supuesto, la Sala recuerda cuál es la interpretación dada al delito de tráfico de influencias —«exige una sugestión, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario»—, y «no parece concurrir en el presente caso, en donde en ocasiones en las conversaciones se decía si podían entrevistar para un puesto de trabajo, e incluso en otros supuestos no prosperó la petición que se interesaba por un trabajador concreto».

No obstante, dado que «la instrucción parece proseguir su curso» siete años después de su inicio, la Audiencia decide que el sobreseimiento no sea libre sino provisional, «pues queda de este modo a salvo el posibilitar la reapertura de las actuaciones en el supuesto de que aparezcan datos que señalen a López Orozco como autor o partícipe de alguna conducta delictiva».

Recado a la juez

Por último, la Sala no pierde la oportunidad de mandar un nuevo recado, la enésima censura a la labor instructora de Pilar de Lara. «Reiteramos que no puede mantenerse sine die una instrucción», dado que «ha de descansar en una sospecha inicial seria, basada en unos hechos concretos constitutivos de delito grave, y no en una pretendida búsqueda sin más, de posibles hechos que hubiera podido cometer el acusado, que transformaría esa instrucción en una inquisitio generalis proscrita en nuestro derecho». Este reproche se ha convertido en una coletilla habitual en los fallos de la Audiencia relativos a operaciones instruidas por De Lara como la Pokemon o la Cóndor.

De las ocho piezas abiertas (siete de ellas por Pilar de Lara) y en las que figuraba como investigado López Orozco —y que le acabaron por costar su carrera política después de que el PSOE accediera al chantaje de Lugonovo y el BNG—, seis ya están archivadas por ausencia de indicios en lo que se refiere al exalcalde. Los anteriores sobreseimientos correspondieron al supuesto pago de pluses a funcionarios, el acoso laboral a un policía municipal, su participación en el «caso Campeón», injurias y calumnias a la Asociación Alpul y las presuntas irregularidades en la Fábrica de la Luz. El exalcalde tiene pendientes las piezas sobre las torres del Garañón y la adjudicación del servicio de la ORA en Lugo, investigaciones que acumulan varios años de instrucción.

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