La Audiencia de Barcelona no ve espionaje político de los Mossos

La Audiencia de Barcelona ha avalado el archivo de la causa sobre el supuesto espionaje de los Mossos d’Esquadra a dirigentes constitucionalistas en la etapa del mayor Josep Lluís Trapero, al concluir que los seguimientos fueron para evitar agresiones en una época «convulsa», sin invadir su intimidad.

Así lo sostiene la sección sexta de la Audiencia barcelonesa en un auto en el que confirma la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que en enero pasado dio carpetazo a la investigación sobre el supuesto espionaje destapado a raíz de la documentación que la Policía Nacional incautó a los Mossos cuando la iban a incinerarla víspera de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, informa Efe.

La Audiencia, que solo revoca la decisión del instructor de que el archivo sea definitivo, ya que acuerda que sea provisional, resalta que cuando se llevaron a cabo los seguimientos a políticos y dirigentes cívicos constitucionalistas la situación en Cataluña era «convulsa» por el procés y, en este contexto, se buscó información para evitar agresiones sin invadir la vida privada ni los espacios íntimos.

Además, según la Audiencia, entre la documentación que los Mossos iban a incinerar también había numerosos informes sobre personas vinculadas al yihadismo, grupos anarquistas tildados de «violentos» y organizaciones de «ultraderecha», por lo que cuestiona que hubiese una orden general de investigar a «rivales políticos» en pleno proceso independentista.

Informe de la Policía

El juez abrió la causa para determinar si en la última fase del procés, cuando los Mossos estaban liderados por el mayor Trapero (encausado, ahora, en la Audiencia Nacional por el 1-O), la comisaría general de información que dirigía el entonces comisario Manel Castellví ordenó investigar, fundamentalmente a través de seguimientos, a personas «caracterizadas políticamente por su activismo en pro de la unidad de España».

A raíz de la documentación intervenida a los Mossos cuando la iban a incinerar el 26 de octubre de 2017, la Policía Nacional concluyó en un informe remitido a la Audiencia Nacional que este supuesto espionaje se enmarcaría «en una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del secesionismo, controlando para ello todos los colectivos, personas y sus actividades que se oponían a este con la finalidad de subvertir el orden constitucional».

La Audiencia reconoce que, en un momento inicial, no cabía excluir la plausibilidad de esta hipótesis, pero que una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones, la Audiencia Nacional rechazó asumir la investigación, lo que «devaluó el peso acreditativo» de ese informe.

El juez de instrucción acordó el archivo de la causa en enero pasado al considerar que los Mossos no incurrieron en «desviación de poder» y se limitaron a buscar información «esencial en toda policía» sobre personas que por su significación sociopolítica podían ser partícipes o víctimas de incidentes en un momento «especialmente vulnerable», en pleno proceso independentista.

Recurso ante el TC

Los querellantes recurrieron entonces ante la Audiencia de Barcelona y ayer, tras conocer la decisión de este tribunal, anunciaron que interpondrán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo indicó a Ep el abogado de los afectados, José María Fuster-Fabra, al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. «Lo único positivo que tiene esta resolución es que pasa del sobreseimiento libre a provisional, lo que deja la puerta abierta a que pueda reabrirse (la investigación)», añadió el abogado.

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