La Asamblea tendrá una comisión de investigación pero sólo sobre universidades públicas

La Asamblea de Madrid va a poner en marcha una comisión de investigación sobre las irregularidades en las universidades públicas y centros adscritos. La medida es fruto de un pacto al que han llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos. El acuerdo alcanzado entre estos tres partidos permitirá estudiar casos de irregularidades como los que han afectado a Cristina Cifuentes o Pablo Casado, pero no al presidente Pedro Sánchez por los presuntos plagios en su tesis.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha asegurado que llevaban seis meses pidiendo esa comisión que investigara las situaciones bajo sospecha en universidades madrileñas. Se aplicará a «un ámbito amplio de actuación» que incluye no sólo la Universidad Rey Juan Carlos sino también otros centros adscritos a universidades públicas, lo que incluye el Centro Cardenal Cisneros donde estudió Pablo Casado. Esta era una de las prioridades de Podemos, interesado en poder estudiar a fondo este caso. La comisión de investigación podría ponerse en marcha en el mes de octubre.

Pero no afectará, sin embargo, a las universidades privadas, como la Camilo José Cela, donde presentó y aprobó su tesis Pedro Sánchez. «No ha habido acuerdo sobre ello, optamos por centrarnos en la pública», ha aclarado Aguado. Desde el PP, su portavoz Enrique Ossorio ha acusado al PSOE de ser quien ha querido «excluir a las privadas» para dejar fuera la investigación sobre los plagios de la tesis de Sánchez, denunciados por ABC. «Y Ciudadanos ha aceptado, porque es el perrito faldero del PSOE en la Comunidad», ha criticado.

El diputado regional socialista Juan José Moreno ha defendido la comisión finalmente aprobada en la Asamblea porque buscará «irregularidades claras y notorias», pero no se dedicará a «hacer un juicio general a las universidades públicas». El texto aprobado es, aseguran en el PSOE, el que ellos propusieron: «Investigar y en su caso determinar responsabilidades políticas por presuntas irregularidades y trato de favor» en el Instituto de Derecho Público de la URJC y «otros potenciales/posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universiddes públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos».

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