La ampliación del registro de ADN permitió resolver 125 casos en Mendoza

El laboratorio mendocino utiliza un moderno sistema de comparación de perfiles genéticos Crédito: Marcelo Aguilar

Se busca replicar a nivel nacional esa experiencia mendocina, que guarda muestras genéticas de los condenados e imputados por todos los delitos

MENDOZA.- Mientras el gobierno nacional pretende crear este año un registro general de ADN de delincuentes, Mendoza lleva la delantera en esa materia desde 2018, con una importante resolución de casos: en menos de un año se esclarecieron 125 delitos. Esta provincia fue la primera en poner en marcha un Registro Provincial de Huellas Genéticas, que cuenta con más de 30.000 perfiles de condenados e imputados por diferentes delitos, además del personal de Seguridad y Justicia.

En ese banco de datos no solo están los condenados por delitos contra la integridad sexual, como ocurre actualmente a nivel nacional. En el plano federal, en los últimos días se ordenó la extracción de muestras de dos condenados, el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en 2009, y Jorge Mangieri, sentenciado por el abuso y la muerte de la adolescente Ángeles Rawson, para disponer de sus ADN en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Como parte del avance en la materia, también Neuquén reglamentó en los últimos días el registro de condenados por abusos sexuales. Ahora el objetivo nacional es ampliar la base con los condenados por todos los delitos, algo similar a lo que sucede en Mendoza.

“Es muy interesante como factor disuasivo, porque ahora se sabe que no se saldrá airoso de un hecho delictivo. En esta provincia estamos arriba de las 30.000 muestras en nuestro laboratorio, que funciona en el Palacio Judicial, siendo la muestra más grande del país”, expresó a LA NACION el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venir, quien, junto con las autoridades judiciales, destacan el funcionamiento del laboratorio genético “con tecnología de última generación a nivel mundial”, el cual es comandado por Miguel Marino.

En octubre del año pasado, el registro mendocino comenzó a optimizar su función con la llegada de un comparador de perfiles genéticos que utiliza el FBI. Ese sistema permitió agilizar aún más el proceso que se venía realizando. Se parte de la toma de huellas dactilares, una foto y la extracción de saliva a la persona investigada por cualquier delito. Luego, la información se carga en el sistema y se obtiene un código de barra único, que es vinculado a su vez al dato filiatorio, aunque se garantiza el anonimato de la información. Recién se identifica a la persona cuando en los cotejos dan positivos impactos identificatorios.

Por eso, Venier puso de relieve que se trata de un sistema de codificación “abstracto”, determinado por número y no por persona, para evitar cualquier tipo de búsqueda segmentada. “Esto quiere decir que se extrae una muestra y se le asigna un número. Luego, el sistema compara números entre sí y no personas o apellidos, sectores o zonas”, explicó el funcionario, quien aseguró que los 125 delitos esclarecidos hasta el momento se lograron gracias a 64 “matches” positivos de ADN.

En los últimos días, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó que el Poder Ejecutivo tiene la intención de crear este año un registro de ADN que abarque a todas las personas que cometan delitos dolosos. “Ya reglamentamos el [registro de] ADN de violadores, ahora queremos uno para todos los delitos [dolosos]”, expresó.

Los inicios del banco genético mendocino se remontan a un par de años, con la toma de muestras para los casos de abusos sexuales. Tras asumir a fines de 2015, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, impulsó la modificación de una ley provincial, por lo que se logró ampliar el universo de extracciones. Ahora no solo está cargado el material genético de toda la población carcelaria, sino de cada imputado en la provincia, sin importar el delito.

Además, están registradas las muestras genéticas del personal de la fuerza de seguridad y del Cuerpo Médico Forense, al tiempo que se va incorporando el registro de huellas genéticas del personal de seguridad privada, fiscales y ayudantes legales, con el objetivo de evitar los posibles casos de contaminación biológica de evidencia en escenas de delitos.

Tres casos resonantes

Desde la puesta en marcha del sistema en Mendoza, el análisis de rastros de ADN colaboró en la resolución de al menos tres casos que habían provocado un fuerte impacto público. El episodio más reciente tuvo que ver con la investigación por las muertes de las hermanas israelíes Phyria Saroussy y Lily Pereg, asesinadas el 12 de enero pasado en la casa de Gilad Saroussy Pereg, el único acusado, quien se encuentra en el penal provincial cuyano. Los resultados de los cotejos de ADN, tras el hallazgo de manchas de sangre, fueron claves para el arresto de ese sospechoso, ya que se confirmó que el material genético de uno de los cepillos de dientes encontrado en el departamento céntrico que habían alquilado las mujeres coincidía con las manchas hemáticas halladas en la ropa de Gilad Pereg y en diversos artículos en su domicilio.

Otro caso es el de Marcelo Abel Maldonado, de 25 años, un supuesto abusador serial de mujeres de entre 60 y 75 años que vivían solas. Ingresaba por la fuerza en sus domicilios, las reducía con un arma y las violaba. Las muestras genéticas obtenidas en dos víctimas sirvieron para cotejarlas con el banco de ADN, donde el perfil de Maldonado había sido ingresado por haber protagonizado robos agravados por escalamiento. De esta manera, el joven fue informado en la cárcel de la imputación por causas de abuso sexual.

El otro hecho que resultó “positivo” tuvo como protagonista a un policía que abusaba y robaba a sus víctimas. Se trata del Franco Ojeda, de 26 años, quien había sido imputado por violencia de género y ahora, mediante el cotejo de una muestra de ADN extraída a una víctima de violación, se pudo determinar también su posible responsabilidad en ese ataque.

Peritaje clave en el caso del abuso en Miramar

La investigación por el abuso sexual a una menor en un camping en Miramar puede tener un vuelco judicial al conocerse los resultados de las muestras de ADN tomadas en la adolescente de 14 años. Se determinó la existencia de dos huellas genéticas, pero solo en un caso pertenece a uno de los tres detenidos por esa causa. El otro patrón genético, como había anticipado LA NACION, pertenece a un joven que declaró como testigo y admitió que había mantenido relaciones con la joven después del brindis de Año Nuevo, pero que no es sospechoso de haber participado en la violación investigada por la Justicia. Lucas Pitman es el único de los detenidos que aparecería más complicado luego de conocerse el resultado de los exámenes.

La defensa, que había pedido la excarcelación de Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, insistirá en que cesen las prisiones preventivas que sobre ellos había dispuesto el juez de Garantías Saúl Errandonea a pedido de la fiscal Florencia Salas. La fiscal aseguró que más allá del peritaje genético -que tiene resultados definitivos-, su acusación “no varía en lo más mínimo”. De hecho, anticipó que mañana, cuando termine el plazo que tiene el juez para resolver los pedidos de excarcelación extraordinaria presentados por las defensas, apelará en caso de que se les conceda la libertad a los tres aún detenidos o a alguno de esos sospechosos.

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