«Hay que investigar los cientos de millones de sobornos a Maduro»

Fernando Carrillo Flórez (Bogotá, 1962) está empeñado en ser «el fiel de la balanza» en una Colombia «fracurada». Su cargo de procurador general está a medio camino entre un fiscal y el defensor del pueblo, con la misión de defender los intereses ciudadanos frente a las autoridades. La corrupción y la reparación de las víctimas de las FARC están entre sus retos, a los que se suma la grave crisis en el país vecino. Carrillo ha participado esta semana en el congreso de la Asociación Mundial de Juristas.

¿Qué impacto tiene en Colombia la situación de Venezuela?

El impacto humanitario es lamentable. La Procuraduría ha montado operativos de protección de derechos de los venezolanos, que son un colectivo muy vulnerable, porque son casos de extrema necesidad. Colombia ha llevado la vocería muy fuerte ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI). Pero también hay que emprender una acción internacional por los actos de corrupción del régimen. La ciudadanía entiende que cuando un dictador es corrupto hay que sacarlo del poder, como les pasó a Pinochet y Fujimori. En el marco del Derecho internacional es como se ayuda a Venezuela, no a base de invasiones militares.

¿Qué información tiene?

Había una máquina de esta multinacional de generar sobornos y financiar campañas electorales. Tendrían que contar los sobornos a Maduro y a Chávez. No hubo un soborno de once millones de dólares, como confesaron a EE.UU., sino de decenas o centenares de millones en Colombia, y mucho más en Venezuela, donde ha habido secretismo y las investigaciones de la Fiscalía no avanzaron. Ojalá la lucha contra la corrupción se convierta en bandera del gobierno de Bolsonaro, se logren las pruebas contra los presidentes y dictadores que recibieron sobornos y sepamos la verdad completa.

¿Hasta qué punto ha corrompido Odebrecht la política en Colombia?

Su penetración en toda América Latina fue muy profunda. Que la empresa tuviera un departamento para sobornos muestra que era una práctica corporativa. Es una corrupción sistémica y digitalizada. Dejó de ser la entrega de un sobre en un despacho para lograr un contrato. Tiene que haber cooperación judicial, porque los desafíos de los jueces son hoy globales.

Se han denunciado reuniones de Odebrecht con Juan Manuel Santos, del que usted fue ministro, y la financiación de sus campañas. Llegado el caso ¿actuaría contra él?

Hemos actuado mucho en relación con los ejecutivos brasileros. Quienes tienen la verdad son quienes propiciaron los sobornos. Hay mucha especulación, pero lo que necesitamos son las pruebas, y los brasileros nunca nos las entregaron. Nadie sabe a ciencia cierta si esas historias son ciertas. Yo he demostrado independencia absoluta. No fui candidato a la Procuraduría del gobierno de Santos. Me eligió el Consejo de Estado con mayoría absoluta y en el Senado logré 92 de 95 votos. Eso me da mucha independencia. No he tenido obstáculo para iniciar investigaciones sobre el gobierno anterior.

«Hay que litigar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, no ponerle una bomba para destruirla»

Hay quien denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejará impunes los crímenes de las FARC. ¿Cuál es su opinión?

Colombia está prácticamente fracturada. Pensamos que el atentado atroz contra la escuela de cadetes de policía en enero uniría al país, pero lo dividió más. Y también sobre la JEP están en los extremos, unos atacándola y otros defendiéndola. Yo procuro estar en el fiel de la balanza. Hemos sido muy críticos con algunas decisiones, pero hay que manifestar las desavenencias y litigar dentro de la JEP, no ponerle una bomba a la propia JEP para destruirla. No creemos que el ejecutivo pueda objetar su conveniencia o inconveniencia, porque ya terminó un proceso legislativo especial que tuvo la bendición del Tribunal Constitucional.

¿La JEP no tiene marcha atrás?

No, es una norma constitucional, resultado de unos acuerdos. Tendrá marcha atrás si los contradictores de la JEP presentan un proyecto de reforma constitucional para modificarla y se aprueba en el Congreso, que es donde se ventilan las controversias en democracia.

¿Protege la JEP al exguerrillero Santrich? ¿Qué va a suceder con la extradición pedida por EE.UU.?

Esa es una de las decisiones que la Procuraduría critica, con un criterio divergente al del Tribunal Constitucional. La extradición es uno de los principales mecanismos de cooperación judicial internacional y hay que respetarla con las reglas de juego establecidas.

Usted aboga por que las violaciones de menores por las FARC no queden impunes con la JEP. ¿Cuántos niños han sido víctimas de estas prácticas?

No lo sé, esta es una de las grandes verdades que Colombia no conoce todavía y ojalá las FARC lo cuenten en el marco de la JEP. Seguramente nos quedemos sorprendidos el día que se conozca. Desde la Procuraduría no hay condescendencia con esas conductas.

La negociación con el ELN está en punto muerto. ¿Hay riesgo de una nueva espiral de violencia?

Si tuvieran algún tipo de racionalidad, suspenderían cualquier atentado. Lamentablemente, han seguido atentando, no solo el 17 de enero, sino contra los oleoductos. No es que Cuba los entregue esposados ni es realista que los recibamos con una alfombra roja como si fuera una inofensiva delegación diplomática. Habrá que buscar un camino intermedio para que paren la violencia y, si demuestran con hechos una voluntad auténtica de hacer la paz, reanudar un diálogo, pero ese escenario no se da en este momento.

Sobre la grabación de la ministra Dolores Delgado: «Hay una investigación en curso, pero no ha dado resultados todavía»

Tras la grabación en la que la ministra de Justicia española revelaba que jueces y fiscales estuvieron con menores en Cartagena de Indias, usted pidió que se investigara. ¿Qué se sabe?

Hay una investigación en curso, pero lamentablemente no hay resultados todavía. Ha sido muy difícil recoger esos testimonios y hay personajes de varias jurisdicciones involucrados, vamos a ver cómo avanza.

Hay quien le señala como futuro candidato. ¿Aspira a la presidencia?

No estoy en ese juego, sería suicida. Yo tengo que vigilar que los servidores públicos no hagan política con la investidura pública y soy el primero que tiene que respetar esa regla.

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