Hacienda tendrá menor control de la Generalitat tras su salida del FLA

«En enero de 2019 abandonaremos el FLA para financiarnos a través del FFF como paso previo a volver a los mercados. Un paso importante que nos enseña el camino que todavía nos queda por recorrer». Con estas palabras, Pere Aragonès (ERC), vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y consejero de Economía y Hacienda, anunció ayer que el gobierno catalán cumple con los requisitos para que, a partir de enero, la Generalitat se incorpore a las Comunidades Autónomas que se acogen al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y deje atrás el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Desde la Generalitat aseguraron este sábado que el paso al FFF se da de forma automática, bajo supervisión del Ministerio de Hacienda, una vez los datos del déficit, la ratio de la deuda y el periodo medio de pago a proveedores se encuentran dentro de los parámetros establecidos para todas las Comunidades que previamente han pedido ayuda financiera al Gobierno. En 2018, según los datos oficiales del Ministerio, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Asturias, Baleares y La Rioja se clasificaron dentro de los requisitos del FFF, y Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia, además de Cataluña, se beneficiaron de las condiciones del FLA.

A efectos prácticos, las principales diferencias del FFF respecto del FLA es que el Ministerio no requiere un plan de ajuste para beneficiarse de la ayuda económica, los controles periódicos se flexibilizan y, como se da en economías en mejores condiciones en relación al déficit, es el paso previo para poder emitir deuda en los mercados financieros, eso sí, siempre bajo la autorización explícita del Gobierno de España. Algo que, ahora mismo, es imposible ya que las agencias de calificación siguen otorgando un «rating» de bono basura a Cataluña.

La indemnización a Acciona, clave

En este sentido, la Generalitat de Cataluña cumple por primera vez desde 2006 todos los parámetros para desvincularse del FLA y pasar al FFF. Ahora bien, que cierre 2018 cumpliendo el objetivo de déficit del 0,4 por ciento para este año, indispensable para poder salir del FLA, depende básicamente de que pueda aplazar a 2019, como reclamaba el gobierno catalán al Ministerio de Hacienda, el pago de la indemnización de más de 1.037 millones de euros a Acciona por revocar el contrato por el que en 2012 le adjudicó la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL).

El abono de esa indemnización elevará el déficit en unos 800 millones, según estimaciones de la Airef. En caso de hacer frente ya en 2018 a ese pago, como quería Hacienda, el desfase presupuestario de la Generalitat se duplicaría, pasando al 0,8 por ciento del PIB previsto, impidiéndole por tanto salir del FLA y zafarse del control más estricto de Hacienda.

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