ganar tiempo para aprobar una Constitución

El plan de gobierno para toda la legislatura del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se centra en desplegar un programa autonómico al límite del marco constitucional, mientras juega a tensionar el mismo marco legal con la presión sobre los jueces y el Gobierno y la creación de «un foro cívico, social y constituyente», que aspira a servir de «base de lo que será la Constitución de Cataluña».

Ayer, Torra presentó su plan de gobierno ante la prensa -más de 1.000 medidas concretas, organizadas en 22 ámbitos de actuación- que espera ejecutar durante los próximos «cuatro años». De esta manera, Torra da un portazo a cualquier iniciativa inmediata con fecha límite que suponga cualquier unilateralidad y al margen de la ley, aunque si hay algo que caracteriza a la política catalana es su inestabilidad. «Este gobierno no puede permitirse no hacer un plan de gobierno para cuatro años», señaló Torra, que añadió, eso sí, que: «Tenemos un reto colosal: el juicio a nuestros políticos. Y habrá que dar una respuesta política de país. Pero este es un gobierno con ambición y pretende llegar a los cuatro años».

El plan de gobierno incluye diferentes medidas -algunas avanzadas en el debate de investidura- en todas las áreas que dependen de la Generalitat y se estructuran en varios ejes: derechos y oportunidades para todo el mundo, una economía próspera, responsable y sostenible, una sociedad fuerte democráticamente, libre y justa y una Cataluña abierta al mundo. Algunas de estas medidas (relacionadas al impulso empresarial o a los temas relacionados con los transportes, sobre todo) ya fueron propuestas, anteriormente, por Carles Puigdemont y Artur Mas.

Entre las propuestas más polémicas del plan de gobierno figuran el despliegue de la Agencia de Protección Social (el embrión de la Seguridad Social de una supuesta Cataluña independiente), la recuperación del impuesto o canon digital tumbado por el TC, la creación de una Oficina Catalana de Patentes, el impulso del voto electrónico en procesos electorales y de participación ciudadana, mayor actuación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, fomentar -todavía más- los medios de comunicación catalanes, poner en marcha un nuevo modelo de inteligencia policial y recuperar y reformar el Diplocat, cerrado por el Gobierno -con el amparo del Senado- durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«Foro constituyente»

A la par, Torra no renuncia a «hacer efectiva la república», que considera votada y declarada en octubre de 2017. De esta manera, dependiente de la Consejería de Presidencia, en manos de Elsa Artadi, se pondrá en marcha «un foro cívico, social y constituyente», con el objetivo de que acabe redactando una Constitución catalana, que debería pasar, posteriormente, por un referéndum de aceptación.

A la misma hora que Torra presentaba su plan, los grupos de Junts per Catalunya (JpC) y ERC en el Parlamento autonómico cerraban un acuerdo para que sea la Comisión del Estatuto del Diputado quien decida cómo aplicar el auto del juez Pablo Llarena que suspende temporalmente a los diputados acusados de rebelión.

Y en paralelo a Torra y a JpC y ERC, un grupo de independentistas volvió a acampar en la plaza de San Jaime de Barcelona para reclamar la implementación de la república catalana.

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