Galicia solicita de manera urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal para abordar los impagos

La Xunta «solicita manera inmediata y urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera» ante los impagos del Gobierno central a las comunidades autónomas, que en el caso de Galicia alcanza un montante de 700 millones de euros, de los que 530 ya están consignados en los presupuestos de este año. Así lo ha confirmado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha citado esta misma mañana tras las últimas manifestaciones al respecto de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado en su cuenta de Twitter, mismo formato empleado por el jefe del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, para reclamar igualmente que se convoque el CPFF: «Un gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones. Y la más importante es que los servicios públicos se presten con normalidad. Pedimos un Consejo de Política Fiscal y Financiera inmediato. Los ciudadanos necesitan explicaciones y soluciones sobre financiación autonómica».

Martínez ha recordado que el CPFF y es el «órgano» donde «poner en común todas estas cuestiones», y ha insistido en que, a la hora de buscar soluciones para el bloqueo de dichos fondos, «la iniciativa debe ser (…) del Ministerio de Hacienda». Desde el Gobierno gallego, en todo caso, se asegura que esas «soluciones» son posibles y en eso se quieren «centrar». «Dentro del CPFF lo que hay arreglar son los impagos», ha reiterado.

Ante las reiteradas preguntas de qué hará Galicia si no llegan esos 700 millones, ha replicado que «están suponiendo que no van a llegar esos recursos». Una de las vías a las que puede acudir la Xunta, como ya hizo la Generalitat de Cataluña, es la judicial. Por ahora, sin embargo, no se aprieta ese botón. Se van a «agotar todas las vías» pero la del recurso a los tribunales «será anunciada si llegamos a ese escenario», ha remarcado. «No es tanto una cuestión judicial», ha apuntado en más de una ocasión, porque, ha asegurado, aún confían en la Xunta en que «puede haber soluciones».

Para ejemplificar la gravedad de la situación, Martínez ha detallado que los «recursos» pendientes prácticamente equivalen a dos nóminas del personal administrativo, que consta de casi 90.000 empleados públicos.

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