Galicia insta al Gobierno a mover ficha para frenar el recorte de fondos de la UE

Asoman nubarrones para Galicia procedentes de Bruselas. Las previsiones del próximo marco financiero plurianual para la UE (2021-2027) arrastran un panorama no muy alentador para los fondos comunitarios que la Xunta suele destinar a la innovación, el medio ambiente y los proyectos de cohesión social, entre otros. Según las previsiones que maneja el Gobierno gallego, todas estas partidas podrían verse reducidas en torno a un 46% en comparación con el periodo actual, que finaliza en 2020, ya sin Gran Bretaña sentada a la mesa de los Veintisiete.

Días después de abordar este escenario con el embajador de España ante la UE, el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, instó ayer al Gobierno central a convertirse en un «aliado» del bloque fraguado en los últimos días entre Galicia y Asturias para frenar una excesiva pérdida de recursos. Rueda recalcó que la colaboración de La Moncloa «va a ser imprescindible» para afrontar las negociaciones con las autoridades de Bruselas. «Es lo primero que vamos a empezar, que el Estado español entienda esta situación y se convierta en nuestro aliado», informa EP.

La posibilidad de que Galicia sufriera un recorte en los fondos europeos se empezó a contemplar tan pronto se dio a conocer el nuevo marco plurianual (de 330.000 millones de euros), que ya nació condicionado por el «Brexit» y la extinción de las aportaciones de Londres a la caja común. Y los cálculos de la Xunta van en esa dirección. En un informe elaborado en base a la fórmula de reparto de anteriores periodos, Galicia recibiría 1.630 millones de euros, aproximadamente un 46% menos. Asturias, por su parte, también tendría que gestionar un recorte del 37%.

Sin embargo, el presupuesto de la Unión también encierra una «injusticia», como la calificó Rueda. Mientras el noroeste contempla un severo ajuste, los recursos se incrementarían un 5% en el conjunto de España. Por ello, para el vicepresidente lo «lógico» es que el Gobierno arrime el hombro y se faje en las conversaciones para evitar que dos comunidades «muy importantes» resulten «perjudicadas» no solo en términos absolutos, sino también en la ratio de fondos por habitante, que quedaría por debajo de la media nacional.

Descenso de división

En el pasado, la Xunta ya tuvo que afrontar una situación similar. Ocurrió en 2014, en el momento de negociar el anterior marco. «Galicia no perdió los fondos que inicialmente se decía que íbamos a perder, y ahora queremos hacer exactamente lo mismo», rememoró el vicepresidente. Pero las circunstancias eran otras. Ahora, con la propuesta de la Comisión Europea de retocar los métodos de cálculo —aunque seguirán basados fundamentalmente en el PIB—, Galicia y Asturias se convertirían en los únicos territorios que bajarían automáticamente de categoría, al pasar de ser consideradas regiones avanzadas a regiones en desarrollo.

El sistema que emplea Bruselas se conoce como «fórmula de Berlín», se adoptó tras el Consejo Europeo de 1999, y establece criterios de reparto dispares en función de las divisiones en las que se mueve cada región. En estos momentos, además de tener en consideración el PIB, se introducirían también otras variables transversales, como los niveles de desempleo, paro juvenil, cambio climático o recepción de inmigrantes. Galicia, junto a sus socios autonómicos, empujan para que Bruselas también otorgue peso al problema de la pérdida de población.

Uno de esos aliados, Asturias —con quien la Xunta ya ha entablado contactos—, advirtió ayer de que tampoco «se va a quedar parada». «Se activarán todos los mecanismos para no ver mermados sus recursos y nos planteamos acciones conjuntas ante la Unión Europea y el Gobierno de España», destacó el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez. Por lo pronto, el gobierno presidido por el socialista Javier Fernández encargará un informe para evaluar el impacto del recorte europeo. De momento, disponen del elaborado por la Xunta.

Redes de seguridad

Como suele ser habitual en este tipo de procesos, el gran enigma es conocer ahora qué margen de negociación les queda a las autonomías más afectadas para suavizar la tijera de Europa. Sin descartar fondos de emergencia, por ejemplo, para subsanar la sangría demográfica, es el Gobierno quien tiene «la última palabra», como advirtió Martínez.

Además de gestionar el montante total de los fondos, que puede ser objeto de negociación entre el Estado y las comunidades, en su mano está la aplicación de la denominada «red de seguridad»:un instrumento diseñado para que ninguna comunidad reciba menos del 70% de los recursos asignados en el periodo anterior.

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