Frente común para que la ministra Ribera atienda el impacto social del fin del carbón

La transición ecológica justa no es sólo ir eliminando las materias primas más contaminantes como fuentes productoras de energía. El fin del carbón para ayudar a rebajar la emisión de CO2 debe atender también a criterios que van más allá de los medioambientales y no puede olvidar las repercusiones que también tiene desde el punto de vista económico, social, laboral o demográfico. Y ésta es la tesis que el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, junto a sus colegas de Aragón y Asturias, los socialistas Javier Lambán y Javier Fernández, expondrán este miércles en Madrid a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Con el cronómetro ya en marcha y casi en tiempo de descuento para el antes y después que supondrá este 31 de diciembre para la minería, los tres responsables de las comunidades en las que más peso tiene este sector y las centrales térmicas, expondrán cara a cara a la ministra las repercusiones del acelerón ha supuesto su llegada al ministerio y su firme apuesta desde el inicio de eliminar el carbón como fuente de energía. Aunque con alguna diferencia, los tres responsables autónomicos hacen piña y su posición es «común para hacer frente a la enorme preocupación» por el fin de la minería del carbón y de la actividad en las térmicas. Así se lo hicieron ya ver en la carta conjunta urgiendo el encuentro. En la misiva advertían de los «duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos que la acelerada desaparición de esas actividades está provocando en los últimos años en estos territorios». Mayor aún, alertaban, en los zonas en las que estos dos sectores complementarios tienen una «gran tradición y presencia».

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Por ello reclaman a la ministra no sólo analizar la situación, sino que se adopten medidas que puedan favorecer un «cierto futuro» para esos sectores. Y ello, subraya, no únicamente por unas razones estratégicas vinculadas a la política energética nacional sobre las que la Junta de Castilla y León siempre ha alertado, sino también de carácter social por «pura supervivencia de las comarcas mineras».

«Deseo de colaborar»

Y es que, coinciden los tres presidentes autonómicos, la transición justa también requiere atender al impacto social que el cierre de minas y centrales puede tener, lo que requiere ir acompasando el fin de estas actividades a la creación de una nueva actividad económica y de empleo que genere alternativas reales y ciertas de vida para las cuencas. «Por todo ello, entenderás nuestra gran preocupación por la situación actual», ya anticipaban los tres presidentes en la carta como anticipo de la reunión enviada a la ministra. Una misiva en la que también avanzaban su espíritu constructivo y su «deseo de colaborar para poner en marcha alternativas» ante las consecuencias económicas y sociales «graves y directas» que la «acelerada» desaparición de la actividad extractiva y de producción de energía con carbón está provocando «en los últimos años» en estos territorios.

No es la primera vez que Herrera viaja a Madrid con la petición de oxígeno para las cuencas entre sus demandas. El pasado 27 de noviembre, cuando se reunió en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también reclamó un plan de alternativas que permita una salida laboral para esas 2.000 personas que hasta ahora se «alimentan» del mineral negro. Además, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés reclamó a Sánchez que «no corra más que nadie» y apure el plazo fijado por la Unión Europea hasta 2030 para rebajar las emisiones de estas actividades y no siga adelante con la fecha de caducidad de 2025 decidida por la ministra de Transición Ecológica.

La cita en la sede del Ministerio –a la que también está previsto que acudan lo secretarios de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y Energía, José Domínguez– llega unos días después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobase el decreto-ley de medidas para la transición justa de la minería del carbón. Un texto firmado el pasado 24 de octubre con los sindicatos UGT, CC.OO. y USO y la patronal minera Carbunión en el que se contemplan prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de empleo, cuyos primeros cien millones ya han recibido el visto bueno.

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