exige que devuelva 800 millones de ayudas

Santiago Guardar

El Gobierno central mete presión a Alcoa. La ministra de Industria, Reyes Maroto ha desvelado en el Senado que acaba de requerir a la multinacional norteamericana del aluminio que devuelva 800 millones de euros recibidos en ayudas en la última década, más los intereses de demora, si no cumple con su compromiso de garantizar el empleo en la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo). Alcoa inició el pasado 25 de junio el proceso formal para ejecutar 534 despidos, el 85% de la plantilla, en la última planta de aluminio primario que queda operativa en España. La medida supondría prácticamente el cierre de la factoría en la que sólo quedaría operativa la parte de fundición.

En la sesión plenaria en el Senado, Maroto ha señalado que el Ejecutivo acaba de requerir a Alcoa los 800 millones de ayudas, «que estaban condicionadas al mantenimiento del empleo». «Si no cumple con este requisito del mantenimiento del empleo, vamos a exigirle la devolución de las ayudas y de los intereses de demora correspondientes», afirmó la ministra según informa Ep.

La titular de Industria indicó que la multinacional estadounidense ha percibido en los últimos dos años 37 millones de euros en compensaciones de CO2, ayudas que en los últimos diez años ascienden hasta esos más de 800 millones de euros. Así, Maroto defendió que desde «el primer momento» el Gobierno de España ha demostrado «su compromiso por mantener las capacidades productivas y el empleo en Alcoa y en el conjunto de la industria en el país», con instrumentos de apoyo al sector, especialmente a la electrointensiva, para mantener su competitividad. «Se han movilizado muchos recursos, especialmente en Galicia y siendo Alcoa la principal beneficiaria», añadió al respecto.

Plan industrial

Maroto subrayó que el compromiso se manifiesta «con hechos, no con palabras», y puso en valor el diálogo «permanente» mantenido tanto con Alcoa como con los trabajadores para encontrar una solución. Así, ha destacado que en la última de las mesas el Gobierno llegó a presentar un plan industrial para la planta que garantiza su viabilidad durante 10 años y solicitó así la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE). «Estamos haciendo todo lo posible para mantener el empleo y las capacidades industriales en San Cibrao, y es el momento de estar todos unidos. Esperamos tener a todas las fuerzas políticas a nuestro lado y exigir a la empresa que mantenga su compromiso con A Mariña, con Galicia y con España», afirmó.

La propuesta del Gobierno no convenció a Alcoa. Tras la reunión, la compañía explicó que, cualquier propuesta para alcanzar un precio competitivo de la energía «ha de ir acompañada de las suficientes garantías y certidumbre sobre su aplicación. En la mesa convocada por el Ministerio de Industria no se ha planteado propuesta alguna que se sostenga con garantías y certidumbre». Alcoa justifica el cierre de la planta de San Cibrao por los elevados costes eléctricos y por la sobreproducción mundial de aluminio en estos momentos.

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