Estrasburgo examina hoy las devoluciones en caliente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo iniciará hoy la revisión de la condena dictada contra España en 2017 por la expulsión a Marruecos de dos subsaharianos, un proceso que tendrá gran importancia y ha suscitado mucha expectación puesto que del fallo de la Sala dependerá que el PSOE en el Gobierno siga adelante o no con su promesa de eliminar de Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 la disposición que dió cobertura legal a la práctica de las «devoluciones» en frontera.

La vista pública se celebrará en virtud del recurso que el anterior Gobierno del PP presentó contra la sentencia condenatoria, según la cual España violó en 2013 los derechos de los dos africanos que sostienen que acababande saltar la valla de Melilla -uno de Costa de Marfil y otro de Malí- al entregárselos a Marruecos «sin ninguna medida administrativa o judicial previa». A los pocos días de la toma de posesión en junio de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia, el departamento difundió que se estaba replanteando ese recurso y que se lo había hecho saber a Estrasburgo, puesto que su intención era acabar con las expulsiones exprés.

Justicia nunca dio un paso atrás. Muy por el contrario, la literatura del recurso enviado a la Corte de Derechos Humanos y que hoy defenderá el abogado del Estado reproducía finalmente los argumentos en favor de los rechazos en frontera que poco antes había utilizado el PP. Y no solo eso, en los tres meses de funcionamiento que tiene tras de sí el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior ha ordenado y defendido devoluciones en caliente, como la de 27 personas en la valla de Ceuta el pasado mes de julio.

El razonamiento que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha utilizado para excusarse es que actuaciones como esa se ajustan a la ley vigente. A la de Seguridad Ciudadana, la misma de la que el PSOE y el propio presidente del Gobierno se han comprometido a borrar la disposición adicional mencionada, si bien una vez que han llegado a La Moncloa, los socialistas han indicado que no harán ningún movimiento hasta conocer el resultado de la vista que hoy se abre en Estrasburgo. Podría tardar un año. «Esperemos a esa resolución», emplazó el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska a principios de agosto, poco ante de que, esta vez invocando un antiguo acuerdo con Marruecos de 1992 raras veces ejecutado, se ordenara la expulsión colectiva de 116 africanos.

Los representantes de los demandantes, el abogado alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, por un lado, y los abogados del Estado, por otro, expondrán sus argumentos y responderán a las cuestiones de los 17 magistrados de la Gran Sala. No repiten los jueces que participaron en la sentencia, salvo el magistrado nacional. En esta ocasión, la jueza María Elósegui deberá actuar de oficio, informa Efe. La Oficina de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa participa en el caso como tercer interviniente. En sus observaciones entregadas en marzo de cara a la vista pública, criticó ese tipo de devoluciones.

Derechos Humanos

Desde Amnistía Internacional, la investigadora Francesca Pizzuteli ha reclamado que «el gobierno español debe derogar inmediatamente la disposición que permite los rechazos en la frontera y poner fin a estas expulsiones crueles e ilegítimas de personas migrantes y solicitantes de asilo a Marruecos, donde poca protección, si es que cabe alguna, pueden esperar de las autoridades». «España y la Unión Europea deben dar prioridad a la protección de los derechos humanos de las personas en movimiento y a la creación de un sistema de asilo en Marruecos en sus relaciones con las autoridades de este país», añadió.

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