escribió otra carta a la UE negando el acuerdo

El Reino Unido no tiene ninguna intención de entablar negociaciones sobre la soberanía de la colonia de Gibraltar y seguirá defendiendo los intereses de este territorio en las futuras negociaciones con la Unión Europea, por encima de lo que se haya dicho en los documentos que acompañan al Tratado de Retirada firmado por Londres a petición de España.

Poco después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentara la combinación de anexos y anotaciones a las actas del Consejo Europeo del pasado domingo como un éxito «sin precedentes», el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, envió una segunda carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la que aclaraba que su misiva anterior redactada a petición de España no significa que hayan cedido ni un centímetro en sus posiciones.

Después de haber amenazado con boicotear el Consejo Europeo en el que finalmente se aprobó el borrador del Tratado de Retirada del Reino Unido, el presidente del Gobierno había hablado de la «triple garantía» obtenida en las negociaciones con sendas cartas de Tusk y Juncker y del propio embajador británico en las que a su juicio «se refuerza como nunca antes la posición española». Las cartas fueron añadidas a las actas de la reunión, pero no al texto del Tratado, que mantiene el polémico artículo 184 que Londres había impuesto en la negociación y que se negó a retirar a pesar de las reclamaciones de España. Además de mantener el texto del Tratado, una vez aprobado éste, el Reino Unido envió la segunda carta a las instituciones comunitarias, en la que matiza que todo lo que hubiera dicho con anterioridad no cambia en absoluto sus posiciones.

Esta segunda carta de Barrow –y que como todas las demás ya ha sido publicada en la página web del gobierno británico– dice que respecto a la interpretación del Tratado de Retirada y en referencia al ámbito territorial de su aplicación «no hay ninguna duda en cuanto a la soberanía británica sobre Gibraltar, incluyendo las aguas territoriales de Gibraltar» (una mención especialmente hostil respecto a España) y que la colonia está incluida entre los territorios cuya política exterior corresponde al Reino Unido, por lo que Londres seguirá negociando «unas apropiadas y beneficiosas relaciones con la Unión Europea, que tengan en cuenta sus actuales relaciones con la UE».

España pedía que se reformase el artículo 184, que se refiere al espíritu constructivo con el que se deberán abordar las futuras negociaciones entre el Reino Unido –ya como país tercero– y la Unión Europea; pero no deja claro que en lo que se refiere a Gibraltar, en cualquier acuerdo, España debe poder tener una opinión determinante. Hasta entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy había logrado que en las directrices de negociación los europeos hubieran aceptado el principio de que ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que afecte a Gibraltar será adoptado sin el consentimiento de España. Sin embargo, se atribuye a una decisión del negociador europeo, Michel Barnier, el que se hubiera aceptado dicho acuerdo en la recta final de la negociación, sin aclarar esa salvedad sobre el «ámbito territorial» específico de Gibraltar.

A pesar de las evidentes tensiones que la posición de España estaba provocando en Bruselas, el presidente del Gobierno mantuvo su viaje a Cuba y no optó por venir a Bruselas el sábado, donde se encontraba la primera ministra británica cerrando los últimos detalles del acuerdo con el presidente de la Comisión Europea. Las negociaciones sobre los documentos interpretativos anexos al tratado las condujo el Secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, que le dejó al presidente del Gobierno la decisión de aceptar o no la fórmula que había podido arrancar en la reunión de representantes permanentes que duró toda la mañana.

Fue el presidente Sánchez quien decidió desactivar todas sus amenazas y quien presentó la presencia de estos documentos como «un texto sin precedentes» que «refuerza como nunca antes las posiciones españolas». Aunque también dijo que «si esto ha sido difícil, lo que viene lo será aún más», no dejó de insistir en que gracias a la maniobra «estamos en una situación de fortaleza que no habíamos tenido nunca» porque se habían fijado «todas las garantías» de que España «sale ganando» y puede incluso pensar en «resolver el conflicto de una vez por todas» entablando negociaciones sobre la soberanía.

El presidente del Gobierno estaba tan satisfecho, o al menos esa era la imagen que intentaba transmitir ante los periodistas, que no quiso ni entrar en los detalles sobre cómo había sido posible que la redacción del artículo 184 se hubiera hecho sin consultarlo con España ni a quién había que atribuir ese descuido: si al negociador europeo, Michel Barnier, o a los servicios del ministerio. Para Sánchez no es necesario preguntar sobre este detalle porque «bien está lo que bien acaba».

El problema es que el triunfalismo español resultaba letal para la primera ministra británica, que tiene que defender el acuerdo en un ambiente hostil en el Parlamento de Westminster, así que en cuanto subió a la tribuna el lunes, Theresa May dijo que «España no ha conseguido lo que quería» que era la modificación del artículo 184 y que Gibraltar seguirá bajo su tutela. Y para que las instituciones comunitarias también lo supieran, su embajador en Bruselas envió esta segunda carta en la que advierte –sin mencionarlas– que las declaraciones exaltadas de Sánchez no tienen fundamento. Al menos no lo tienen en los documentos que dependen de Londres, como lo demuestra la segunda carta del embajador ante la UE. Londres también pretendía dar garantías al primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, que ha sido un permanente instigador antiespañol en estas negociaciones

Seguramente cuando el Reino Unido ya sea un país tercero, España tendrá un margen de maniobra muy importante para decidir –y vetar efectivamente– cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas. Pero por ahora, la maniobra del presidente del Gobierno ha sido completamente inútil.

Y en todo caso, como comentaba un alto funcionario español de la Comisión Europea, el incidente demuestra que «en asuntos importantes como el de Gibraltar, una carta, vale lo que vale, un día dices una cosa y al día siguiente envías otra diciendo lo contrario. Cuando se trata de cosas serias, hay que fijarse solamente en documentos juridicamente vinculantes».

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